El Poder Judicial de la Federación, a través del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), encabeza 21 litigios en materia ambiental, entre estos, un caso de contaminación de agua potable en Aguascalientes y el de un río en Zacatecas afectado por aguas negras.
De forma inédita, el instituto aborda estos temas y mediante acciones colectivas busca resoluciones judiciales que impacten en la vida de los ciudadanos, incluso obtener una reparación del daño.
Blanca Rufino, integrante del IFDP, señaló en entrevista con El Heraldo de México, que anteriormente los servicios de asesoría jurídica se brindaban siempre y cuando el usuario los solicitara, pero Netzaí Sandoval, actual titular del instituto, instruyó que los litigantes salieran a las calles para atender las problemáticas que enfrenta la población.
Fue así como Blanca, asesora jurídica, detectó que el agua en el municipio de Aguascalientes es sarrosa y reseca la piel, por lo que su consumo para uso personal no es recomendable y esto obliga a comprar garrafones, a pesar de que se paga por el líquido a la empresa Veolia, que tiene la concesión del servicio.
Luego de una opinión técnica de los peritos del IFDP, se recabaron muestras del agua potable que se suministra a los habitantes de la ciudad y se analizó el nivel de toxicidad del líquido; el dictamen estableció que tiene altos niveles de arsénico, mercurio y flúor, por encima de lo que establece la NOM-127-SSA1-1994, con diversos daños a la salud, indicó la entrevistada.
“Demandamos (en mayo de 2022 ante un juzgado civil federal) a Veolia, que es la concesionaria del agua potable, pero también hay una corresponsabilidad compartida entre el municipio, el estado y otras autoridades, porque el municipio y el gobierno de Aguascalientes, al momento de otorgar la concesión, deben verificar que esa empresa, esté cumpliendo con todas las normas oficiales mexicanas.”, detalló Rufino.
PAL