Integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se abstuvieron de pronunciarse sobre la “prisión preventiva oficiosa” en México que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de septiembre.
Durante la Audiencia Pública del “Caso García Rodríguez y Reyes Alpízar Vs. México”, el presidente de CIDH, el juez Ricardo César Pérez Manrique solicitó a la representación de la Corte una postura sobre el tema.
La defensa de los mexicanos Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años, pidieron al juez Ricardo César Pérez Manrique que la CIDH se pronunciara al respecto, ya que el presidente de México se opone a los proyectos que se discuten en la SCJN.
Tribunal Interamericano abonaría en el sentido positivo
“Hay unos proyectos, pero hay la posición del propio presidente de oponerse a la lógica de los proyectos que se están discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso un pronunciamiento del Tribunal Interamericano abonaría en el sentido positivo, para digamos, destrabar, a dar luz a esta discusión que se tiene México”, expuso un representante de las víctimas.
-¿La Comisión Interamericana tiene que hacer un comentario?, preguntó el juez Pérez Manrique.
-No señor presidente. Muchas gracias, respondió la representación de la CIDH.
-Bueno, muchas gracias queríamos darle la oportunidad de pronunciarse sí lo entendían pertinente.
Por su parte, el representante del Estado mexicano, el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio - dijo que “la posición del ejecutivo, en voz de su titular, de sus secretarios Gobernación, su ministro de Interior, la misma consejera Jurídica de la Presidencia, donde se hace un llamado a la sociedad en conjunto a evaluar, reflexionar, y atender la necesidad de esas figuras por el contexto de inseguridad, de percepción de impunidad en el sentido de la sustracción de ciertos individuos de la acción de la justicia, de la posibilidad de que la corrupción llegue a los operadores de justicia, o incluso amenazas a su vida, a su integridad o la de sus seres cercanos, si es que se le otorga a los operadores de justicia la decisión respecto a imponer cierta medida cautelar”.
Mientras que la defensa de las víctimas señaló que “hay dos posiciones en este momento, en la discusión en México, la que está encabezando el Poder Judicial, y la que está encabezando el presidente de la república (....) no hay, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, un camino o una ruta que vaya dirigida o que vaya en tránsito hacia la declaración de inconvencionalidad de estas medidas”.
La representación de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con un plazo improrrogable hasta el 29 de septiembre de 2022 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas.
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