Antes de crear el Tribunal Indígena dentro de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), se plantea hacer una consulta a los pueblos originarios, y dejarlo como una segunda etapa.
En la segunda mesa de trabajo en torno a la iniciativa del PJEM, el personal de este mismo poder detallaron las primeras modificaciones y adelantaron que seguirán más sesiones.
El coordinador general de relaciones intergubernamentales del Tribunal Superior de Justicia, Maximiliano Alexander Rábago, aclaró que no se desecha la propuesta del tribunal Indígena, al contrario se fortalece y se plantea como artículo transitorio.
“Retirar del proyecto original esta propuesta no para desecharla, sino para fortalecerla con la consulta previa a los pueblos indígenas", aclaró.
El funcionario del Poder Judicial aclaró que debe establecer el método y la forma en que llevarán a cabo la consulta a los pueblos indígenas mexiquenses, pero también aquellos que han migrado.
"Es un tema muy delicado y muy trascendente, donde nosotros quisiéramos plantear la posibilidad de estar llevando a cabo la consulta previa a los pueblos indígenas en una segunda etapa”, apuntó.
En la sesión, la diputada del PAN y el de Morena, Ingrid Krasopani Schemelensky y Max Agustín Correa Hernández, respectivamente, fijaron postura sobre lo planteado por el PJEM.
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Correa Hernández propuso que los tres poderes del Estado integren un protocolo y con ello tener un proceso adecuado.
"Cada uno podemos interpretar que ya lo hicimos agotando la realización de un foro, consultando a los cinco pueblos y cuál es la consulta válida en base a criterios reconocidos nacional e internacionalmente”, indicó.
El Poder Judicial en la presentación de la iniciativa de su nueva Ley Orgánica, destacó que la Sala Indígena tenía la finalidad de crear un protocolo y regular cuando serán aplicables en los casos el uso y costumbres, es decir, políticas judiciales para enfrentar las necesidades.
Además que no se contrataría a más magistrados, sino se designarán los cargos como honoríficos y el tribunal se convocará cuando haya asuntos y no será permanente.
Y daba a conocer que hasta el 2022 se tenían 75 personas de pueblos indígenas, imputados en materia penal. Y que existían casos en materia civil y familiar donde se deben atender los usos y costumbres para emitir resoluciones.
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