Mil 101 días fueron los que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio de Enrique Peña Nieto, pasó en prisión preventiva oficiosa. Su abogado Epigmenio Mendieta calificó esta situación como el resultado de una arbitrariedad y una aplicación desproporcionada de la ley.
En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para la señal de radio de El Heraldo Media Group, recordó que los documentos que se usaron para sostener la posibilidad de fuga resultaron ser apócrifos, por lo que tuvo que haber obtenido su libertad unas semanas después de su detención.
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Rosario Robles es inocente
Dos apelaciones, tres amparos ganados y dos revisiones después, el juicio para determinar si la exsecretaria es responsable del delito de ejercicio indebido de la función pública, relacionado con las supuestas omisiones que permitieron la "Estafa Maestra" no ha comenzado.
Explicó que al final la misma Fiscalía General de la República fue la que hizo la solicitud de que se hiciera la revisión de las medidas cautelares de Robles, lo cual ya había sido propuesto por la defensa de la exfuncionaria. Esta acción fue la que logró que fuera liberada.
Al momento, informó, el estatus jurídico de su clienta es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo cual se preparara para presentar las evidencias que comprueben su inocencia.
Prisión preventiva no debe usarse para revanchas
El abogado aseguró que la prisión preventiva oficiosa debe ser la consecuencia de casos muy específicos en los que haya condiciones que no dejen a los jueces con otra alternativa.
Destacó que gracias a la visita del ministro Arturo Zaldívar, se analizaron varios de los procesos que siguen las presas del penal de Santa Martha Acatitla, lo cual resultó en el conocimiento de 180 casos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que no era necesario emitir este mecanismo.
"Hay un uso abusivo de la prisión", dijo.
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En otros casos, dijo, se tiene a personas detenidas sin que se presenten pruebas o se les brindan condiciones para continuar con su proceso.
Pidió que no se use este recurso para la venganza política y sí para evitar el daño a las víctimas o la destrucción de evidencias relacionadas con los casos o la fuga de los detenidos.
"Tendría que conducirse con seguridad jurídica y con el debido proceso", dijo.
La razón por la que no se ha emitido una sentencia a la exsecretaria, dijo, es que no se ha terminado de litigar las cuestiones accesorias en el caso y aún hay recursos jurídicos que deben ser resueltos.
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