Después de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el desmantelamiento de una red de corrupción en el Registro Civil, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) explicó el esquema de operación.
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó los resultados obtenidos en contra de la posible comisión de los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, así como asociación delictuosa, cometidos por servidores públicos del Registro Civil y supuestos gestores.
¿Cómo operaban?
Los trabajos de gabinete y campo se extendieron por más de siete meses para definir cómo operaban.
“Personal de esta Fiscalía identificó a servidores públicos que, contrario a su mística de servicio, y en posible contubernio con personas que se ostentaban como gestores, conocidos coloquialmente como coyotes, se dedicaban al tráfico de influencias, así como a la falsificación o alteración y uso indebido de documentos como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pasaportes, títulos, así como cambios de nombre y de nacionalidad, principalmente.
“Dichas personas operaban dentro y fuera de la Oficina Central del Registro Civil, en estrecha complicidad con servidores públicos, para facilitar y agilizar algún trámite de adquisición o modificación de documentos oficiales, tanto auténticos como apócrifos”, detalló.
Como resultado de labores de inteligencia y campo desplegadas por detectives de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, se logró obtener de un Juez de Control una orden de intervención de comunicaciones privadas.
Lara dijo que esto permitió identificar, ubicar y confirmar la colaboración entre servidores públicos y gestores, para la obtención y modificación de documentación original y apócrifa, así como la cobranza de los mismos, además de conocer los lugares de reunión para realizar los trámites y entrega de los documentos.
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Tras ello, se realizaron diligencias necesarias para que un juez otorgara las órdenes de aprehensión contra tres servidores públicos en activo, así como dos personas más, uno de ellos propietario de un establecimiento comercial aledaño a dichas oficinas centrales.
Otro servidor público fue detenido en flagrancia en posible posesión de un documento alterado.
Giran órdenes de aprehensión
Las personas aprehendidas son: Roberto "N", adscrito al área de Atención Ciudadana; Alma Karen "N", quien laboraba en la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación, y Guadalupe "N", asignada en la Jefatura de Unidad Departamental de Inscripción de Resoluciones y Análisis.
Las personas mencionadas son servidores públicos en activo del Registro Civil con facultades para operar el sistema informático y las impresiones de documentación oficial, y enfrentan acusaciones por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
Fueron aprehendidos por la probable comisión de los delitos de falsificación de documentos y asociación delictuosa: Francisco Javier "N", propietario de un establecimiento comercial con giro de papelería, ubicado al costado oriente del Registro Civil, y Beatriz Aidée “N”, exservidora pública de atención en ventanilla.
Además, se solicitaron y ejecutaron actos de investigación para inspeccionar cuatro cubículos al interior del Registro Civil, entre ellos el de Gerardo “N”, encargado del área de Sistemas Informáticos, quien fue detenido en flagrancia, y fue encontrado junto con cientos de folios posiblemente alterados.
Otra forma de operar
Los detenidos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y al Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial en espera de que se defina su situación jurídica.
Los seis individuos probablemente facilitaban, unos, la obtención de documentos generados desde el interior del mismo Registro Civil, y otros, en la captación de clientes y usuarios, al utilizar el lugar para entregas y pagos de trámites.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia solicitó y obtuvo órdenes de cateo que se ejecutaron en un departamento de la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta, en la alcaldía Iztapalapa; en un inmueble en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán; un domicilio ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón; y en un conjunto departamental de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Otras de las técnicas de investigación se cumplimentaron en Doctor Andrade, también en la colonia Doctores; además de Belisario Domínguez, así como en Palma, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
En el desarrollo de los cateos, fueron asegurados diversos indicios como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pasaportes, cartillas de salud, certificados de educación pública, sellos, candados de seguridad, un troquel para relieves del Instituto Nacional Electoral (INE), diversos materiales para realización de documentos, así como computadoras, tabletas electrónicas y memorias tipo USB.
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