La desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, en Guerrero, fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.
“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en conferencia de prensa.
El funcionario presentó las primeras conclusiones de la comisión creada por la actual Administración de López Obrador, en 2018. Entre los hallazgos, el subsecretario ha señalado “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” e, incluso, las acusó de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”. “Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo a miembros del Ejército y de las policías locales.
Foto: Cuartoscuro
El funcionario también reconoció que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes siga con vida y que “nunca estuvieron juntos” desde que se separaron en la estación de autobuses de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron.
Los 43 jóvenes eran estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa y fueron interceptados cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Las revelaciones de la administración actual se contraponen a lo dicho por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, perteneciente al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
¿Qué decía la verdad histórica?
El 28 de enero de 2015, el titular de la PGR Murillo Karam aseguró que la "verdad histórica" era que los 43 normalistas fueron detenidos por policías, esto para entregarlos al Cártel Guerreros Unidos, agrupación que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el funcionario en esa ocasión", declaró el funcionario en aquella ocasión
En esa conferencia se dijo que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos, por lo que habían ordenado a los policías de su localidad Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios.
Murillo Karam también aseveró que no existía ninguna prueba que involucre al Ejército o a otro cuerpo de seguridad federal de participar en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
“No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola; las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue (responsable de la matanza) lo acusaban (al principio) de omisión (por no intervenir), las mismitas (personas). No hay una sola, una sola evidencia de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar”, advirtió.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa versión al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
¿Cuáles fueron los 16 conclusiones clave?
1. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
2. Que autoridades federales y estatales del mas alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar de hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos,
3. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de nos estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas..
4. Que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
5. Que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicanos, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
6. Que en ningún momento existió comunicación alguna entre las estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
7. Que tras la salida de la Terminal de Autobuses de lguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
8. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
9. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.
10. Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
11. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio Cesar López Patolzin.
12. Que al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras las hechos de violencia y tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a las estudiantes.
(Luego de la anterior conclusión, existe otro punto el cual está testado en el documento que difundió la Presidencia)
13. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
14. Que no hay indicio alguno de que las estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
15. Que es necesario continuar con la búsqueda en: La Ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonafapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.
16. Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de:
Integrantes de Guerreros Unidos ( aparecen 24 nombres, los cuales están testados en el documento)
Funcionarios municipales ( aparecen 17 nombres, los cuales están testados en el documento)
Funcionarios Federales ( aparecen 10 puntos, los cuales están testados en el documento)
Contra quien resulte responsable por acción u omisión en estos delitos.
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Fue un crimen de estado: las 16 conclusiones clave del informe Ayotzinapa