El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado de Campeche, en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno sea una persecución política.
En conferencia de prensa, el dirigente de Morena fue cuestionado sobre el cateo que realizó la autoridad ministerial de la entidad en una de las propiedades del priista, Delgado rechazó que se trate de una persecución política en contra del presidente nacional del Revolucionario Institucional.
En este contexto, aseguró que hoy las fiscalías no responden a interés de gobiernos locales en turno, son autónomas y en caso de Campeche, dijo, se trata de una investigación judicial.
A manera de burla, Delgado se refirió a la reputación del líder nacional del PRI y dijo que será la fiscalía la que determine si hay delito que perseguir, luego de que el cateo a una de sus propiedades se debe a la carpeta que hay en su contra por presuntamente incurrir en el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
“Las fiscalías dejaron de ser brazos políticos de los gobernantes en turno, hoy las fiscalías son autónomas y no hay ninguna motivación política en su actuación. Yo sé que a veces es difícil de creer por la gran reputación que tiene que "Alito" Moreno pudiera haber cometido algún delito, pero, bueno, la Fiscalía tendrá que probarlo”, señaló Mario Delgado.
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FOTO: Especial
Este lunes, aproximadamente 30 agentes de la Policía Ministerial de Campeche realizaron un operativo para ingresar al domicilio del dirigente del PRI, ubicado en Lomas del Castillo, una exclusiva zona residencial en la entidad.
El fiscal del estado, Renato Sales Heredia, confirmó que se trató de un cateo en la casa del dirigente priista, como parte de la cumplimentación de una orden de cateo, expedida por la autoridad judicial relacionada con la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito.
Alejandro Moreno es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, carpeta que se inició después de los audios que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román en los que presuntamente el priista incurre en malversación de fondos y triangulación de operaciones inmobiliarias que podrían configurar el delito de lavado de dinero.
Lo anterior, por los terrenos adquiridos por el ahora diputado federal priista en la exclusiva zona residencial por cuatro pesos el metro cuadrado y en zona de playa en 33 centavos el metro cuadrado.
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