La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las impugnaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y seis gobernadores con las que se pretendía blindar a funcionarios que buscan un cargo de elección popular, aunque sean sancionados en materia electoral.
Se trata de controversias constitucionales que presentaron el Poder Ejecutivo federal y los gobernadores de Tabasco, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Colima, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México contra una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la sentencia, el tribunal electoral determinó que 17 gobernadores y la jefa de Gobierno incurrieron en ilícitos constitucionales y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental.
Además, estableció criterios que indican que se debe revisar la pérdida del modo honesto de vivir de servidores públicos sancionados por violar leyes durante procesos electorales, con lo que estarían impedidos para ser candidatos.
El máximo tribunal consideró que las controversias son improcedentes.
“Es incuestionable que, en la especie, el poder actor combate una determinación que fue emitida por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral (con excepción de las acciones de inconstitucionalidad en la materia), cuyo pronunciamiento se ciñe a la materia electoral, además de que el promovente no tiene interés legítimo para acudir en controversia constitucional”, indica el acuerdo sobre la demanda del Ejecutivo federal.
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