Para Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla.
En entrevista con El Heraldo de México, el funcionario ejemplificó el mal uso que se da a esta figura con el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien, aseguró, a pesar de que huyó en una ocasión, al ser extraditado no pisó la cárcel, mientras que a mujeres que son inocentes y fueron torturadas para autoinculparse, no se les permite llevar su proceso en libertad.
Uno de esos casos, dijo, es el de Verónica Razo, quien fue torturada física, psicológica y sexualmente, y este lunes un juez decide si revoca o modifica la prisión preventiva oficiosa que se le impuso luego de que las autoridades “fabricaron” su caso.
A ella y a su hermano los detuvieron por secuestro y delincuencia organizada; él salió de prisión en mayo y ella sigue en la cárcel federal femenil de Morelos, a pesar de que fue absuelta de tres de cuatro delitos.
Tras 11 años en prisión preventiva, fue sentenciada a 25 años de cárcel por secuestro, decisión apelada por el IFDP, pero se espera que mientras ese recurso se resuelve, ella pueda estar en libertad.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU también se pronunció sobre el caso y recomendó que la mujer abandonara la prisión.
“La mitad de las mujeres que están privadas de libertad están en prisión preventiva, en espera de su sentencia, nadie las ha encontrado culpables jamás, son personas legalmente inocentes, pero que están en la cárcel lamentablemente porque en nuestro país la prisión preventiva es generalizada, en lugar de lo que dicen los tratados internacionales y lo que dice nuestra propia Constitución”, señaló Sandoval.
Desde el 25 junio de 2019, el IFDP ha defendido a 347 mujeres privadas de la libertad que fueron víctimas de tortura en su detención.
PAL