Hay un tipo de violencia que a simple vista es imposible de identificar, no obstante, existe dentro de los hogares y muestra de ello es que poco más de 20 por ciento de las mujeres del país la han padecido.
La violencia económica, es una forma de control hacia las mujeres, la cual se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional sobre la Dina´mica de las Relaciones en los Hogares 2016, 13.4 millones de mujeres de 15 años o más sufren de esta manifestación de violencia, lo que puede tener como consecuencias el aislamiento y la angustia por no contar con los recursos para satisfacer sus necesidades personales o familiares.
Un ejemplo claro de esto, y para dimensionar la importancia del mismo es el incumplimiento reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio en favor de las mujeres o de sus hijas e hijos.
De manera particular en la Ciudad de México los juicios ante el Tribunal Superior de Justicia capitalina por pensión alimenticia, durante el último año, incrementaron 33 por ciento. Y es que pasaron de 4 mil 575 expedientes en 2020, a 6 mil 102 expedientes en 2021, conforme a estadísticas de este órgano judicial.
Por ello, estos números han obligado a los legisladores del Congreso capitalino a revisar el marco jurídico para mejorar proceso en materia de acceso al derecho que tienen las personas acreedoras alimentarias.
Ante este escenario, las legisladoras locales de Morena, principalmente, Ana Francis López Bayghen Patiño (Ana Francis Mor), presentó una iniciativa que busca adicionar y reformar el Código Penal y Civil de la capital para dar certeza jurídica a niños y mujeres.
En el documento que será discutido en el próximo periodo de sesiones, que inicia en septiembre, se propone como delito el abandono de una mujer embarazada, y se impone una sanción de seis meses a tres años de prisión, así como una multa de hasta 48 mil 110 pesos.
Esto se puede agravar si se carece de los recursos necesarios para atender la alimentación, habitación y salud; además, de que se incrementara´ un tercio de las sanciones especificadas en el párrafo anterior cuando derivado del abandono resultare con lesiones o se haya puesto en riesgo la salud de la mujer, persona con capacidad de gestar embarazada o del producto concebido.
De igual manera se incrementará la pena hasta la mitad, cuando derivado del abandono y debido a las lesiones se produjera la muerte de la mujer o del bebé.
“Esta propuesta busca que los hombres se hagan responsables en el ámbito del ejercicio de su sexualidad y reproducción, no sólo dentro del aspecto ético, es una cuestión de corresponsabilidad social”, refirió la legisladora.
Agregó que se deja claro que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad.
También los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales.
Y se reduce de 90 a 30 días el tiempo en el cual la persona deudora de pensión alimenticia debe cumplir su responsabilidad, ordenadas por las juezas o jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial.
Una vez notificado la resolución de no pago, el Registro Civil tendrá 20 días para inscribir en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a la persona deudora.
“Es necesario reflexionar sobre la necesidad de cambios en el aprendizaje social de la paternidad, encaminados a enseñar que ésta es un compromiso personal de vida y no una obligación delegable a las mujeres”, destacó.
En todo caso, la jueza o el juez, deberá solicitar la intervención del Ministerio Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar la inscripción de la persona deudora en el buró de crédito.
Mientras que la empresa en donde labore el deudor alimentario realizara´ los descuentos respectivos directo de su nómina para cubrir las pensiones alimentarias adeudadas.
“La falta de pago de las pensiones, ciertamente representa una violación a los derechos de la niñez, pero constituye también una forma de violencia contra las mujeres, la violencia económica y el reforzamiento de las masculinidades hegemónica”, apuntó López Bayghen Patiño.
De igual forma, se elimina que sólo dentro del año siguiente al de la cesación del concubinato. Finalmente otro punto importante es que no podrán ser personas servidoras públicas de la ciudad quienes se encuentren en los registros de deudores alimentarios.
“Espacios para que todas las personas, y en particular para que las mujeres y las infancias, se sientan seguras y libres. No puede establecerse un buen gobierno cuando lo integran personas servidoras públicas agresivas y violentas, o cuando son ellas las primeras en infringir las normas”, concluyó.
DATOS
- 33% incrementaron los juicios ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX por pensión alimenticia, durante el último año.
- Estos juicios pasaron de 4 mil 575 expedientes en 2020, a 6 mil 102 expedientes en 2021, conforme a estadísticas de este órgano judicial.
LA PROPUESTA
- Se propone como delito el abandono de mujeres embarazadas.
- Se impone una sanción de seis meses a tres años de prisión
- 48,110 la multa por abandono a mujeres en etapa gestacional.
CAR