La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentra en un proceso de reingeniería y reconstrucción, que no sólo implica el rediseño de los procesos de investigación y atención al público, también la depuración y rotación permanente de los más de ocho mil servidores públicos de la institución, aseguró su titular José Luis Cervantes.
Durante una reunión con el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuéllar y con empresarios del estado, Cervantes precisó que desde que asumió el cargo como fiscal el pasado 10 de marzo, han dado de baja a 250 elementos de la dependencia.
Además, 60 funcionarios enfrentan responsabilidad penal, quienes fueron separados de sus funciones, pero no están dados de baja, ya que se deberá determinar su situación jurídica: “Se encuentran pendientes de la resolución de sus expedientes por diversos delitos, que van desde cohecho hasta extorsión”.
La baja de los elementos responde a diferentes incidencias, administrativas o penales, pero no todas tienen que ver con cuestiones ilegales; por ejemplo, 33 presentaron su renuncia en marzo.
“Cuando tomé el cargo me percaté que dentro de las filas de la Fiscalía había 10 sujetos con orden de aprehensión, con mandamiento judicial por delitos que así lo ameritaban. Fueron aprehendidos”, contó Cervantes.
Destacó que los delitos que implican más corrupción entre el personal de la Fiscalía están relacionados con la atención directa al ciudadano.
Sólo en una fiscalía del Valle de México se encontraron tres servidores públicos señalados por prácticas de corrupción por recibir entre 50 y 150 mil pesos durante los procesos de devolución de robo de vehículo, quienes seguían cumpliendo sus funciones. “Es inaceptable. La primera acción fue separarlos”, explicó.
La rotación implica a casi todo el personal de la FGJEM por tener mucho tiempo en el lugar de adscripción, pues muchos empleados de Ministerios Públicos o policías de investigación laboran desde hace 30 años en el mismo sitio, o bien, suman muchas quejas.
MAAZ