En el Estado de México se espera una escalada de amparos por parte de empresarios contra el impuesto ecológico, debido a la complejidad para el cálculo de impuestos y por ser inconstitucional, pues deja fuera a las industrias de jurisdicción federal, advirtió la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM).
El presidente de la Comisión Jurídica de la agrupación industrial, David García Antonio, destacó que el nuevo gravamen que significará un gasto de al menos un millón de pesos anuales para algunas industrias establecidas en el Edomex, por las reglas de operación emitidas por el gobierno estatal.
Destacó que por lo menos unos 100 juicios de amparos podrían interponerse de manera particular por diversas empresas del giro de cartón, papel, fabricación de cerámica, entre otros sectores, ante el Poder Judicial de la Federación en el Estado de México, inconformándose en contra del impuesto.
El nuevo gravamen, que cobrará 43 pesos por cada tonelada de emisiones contaminantes a las empresas, busca mejorar la calidad del medio ambiente, explicaron autoridades estatales.
El gravamen entró en vigor el primero de abril, pero su cobro iniciará el 10 de mayo, próximo.
El representante de UNIDEM explicó que la metodología para el cálculo mensual del impuesto por la emisión de gases contaminantes es compleja y las empresas no tendrán capacidad para ello, por eso se verán obligados a buscar asesoría especializada.
García Antonio hizo un llamado a la Secretaría de Finanzas a establecer sistemas claros para el pago y a implementar canales de atención a las empresas para el cumplimiento de esta obligación fiscal.
Destacó que existen vicios de inconstitucionalidad en el impuesto ecológico porque excluyen a las empresas de jurisdicción federal.
Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha determinado que, en materia de este tipo de impuestos, las entidades federativas pueden gravar a las fuentes emisoras municipales, estatales y federales, pero el gobierno estatal sólo grava las que no son de jurisdicción federal.
“Si la razón del Gobierno del Estado es implementar mitigantes para mejorar el medio ambiente, no se justifica en esa medida exentar a las fuentes federales porque también inciden negativamente en el medio ambiente del territorio mexiquense”.
Dijo que el impuesto ecológico generó reticencia en el sector empresarial, por el hecho de que la Secretaría de Finanzas emita una metodología compleja para la fórmula del cálculo y pago, generará un gasto adicional y representará un reto administrativo, técnico y financiero.
Advirtió que habrá muchos empresarios que se inconformarán con esta determinación, porque si la finalidad es cuidar el medio ambiente de los mexiquenses, consideran que hay otras fuentes de contaminación en donde se podrían obtener esos beneficios inmediatos, sin incidir en la bolsa de las empresas que no viven un momento favorable por la contracción del mercado y los efectos de la pandemia.
“Desde el aspecto jurídico el tema es anticonstitucional, presenta complejidades técnicas y cargas financieras y técnicas, pero además creemos que hay otras medidas que pueden ayudar a contrarrestar los efectos negativos que tenemos en el ambiente”.
La UNIDEM, apoyará a las empresas que decidan inconformarse e interponer amparos, pero también a las que decidan pagar el impuesto. Prueba de ello, es las reuniones que han tenido con funcionarios estatales del de las secretarías del Medio Ambiente y de Finanzas, así como los cursos para el llenado de la COI (Cédula de Operación Integral) que servirá de base para la cuantificación de las emisiones contaminantes.
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