La consulta de AMLO este domingo se trata de un instrumento de participación ciudadana detallado en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Después de su aprobación por el Congreso entró en vigor el 14 de septiembre de 2021. Con un porcentaje de el 3% de firmas ciudadanas recabadas, fue solicitado para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del Presidente, a partir de la “pérdida de confianza”.
Sus resultados tendrán efectos vinculatorios solo si participa el 40% de las personas inscritas en el padrón electoral (poco menos de 38 millones de personas).
Este procedimiento no es nuevo ni exclusivo de México. Está presente en algunos estados norteamericanos, cantones suizos y países como Venezuela, Perú, Colombia o Bolivia.
En México, existe la revocación de integrantes de los Ayuntamientos como presidentes municipales, síndicos y regidores por el acuerdo dentro de congresos estatales en estados como Nuevo León, Puebla, Quintana Roo o Tabasco. Solo en Baja California, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas sucede derivado de la participación ciudadana.
Es sin duda un recurso democrático basado en el principio de que los servidores públicos son agentes de la voluntad popular. Como tal, la revocación de mandato es un control de los ciudadanos hacia los funcionarios cuando éstos no cumplan con las expectativas. Se trata de un ejercicio democrático más participativo.
Desde marzo de 2019, AMLO, en una carta al pueblo mexicano prometió que en 2021 se realizaría una consulta en este tema.
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¿Qué significado e implicaciones tiene la revocación de mandato?
¿Realmente los ciudadanos han perdido la confianza en su gobernante? El presidente Andrés Manuel ha asegurado que, aunque no se alcance el 40% del padrón electoral en la votación, él se irá si la mayoría vota por su salida. ¿Por qué? “Si no tengo el apoyo del pueblo, no puedo hacer nada”, dijo el mandatario.
Si en efecto resultase positiva la revocación de mandato, no se convocarían a elecciones. La Ley prevé la sustitución del Presidente por el líder de Cámara de Diputados, en este caso el morenista Sergio Gutiérrez, quien treinta días después sería sustituido por la persona que designe el Congreso de la Unión, con mayoría morenista.
Por tanto, el proyecto de la 4T continuaría su curso. Los inconformes con el actual gobierno de AMLO no podrían ejercer el voto para elegir a un sustituto.
En México, tanto el Presidente como Morena han sido los promotores principales de este ejercicio. ¿Por qué es el propio funcionario y su proyecto sujetos de revocación los más activos promotores del mismo?
Realmente, AMLO no parece tener una crisis de confianza, ni parece que México se encuentre en una crisis de legitimidad del Ejecutivo que amenace la gobernabilidad. El Presidente alcanza niveles de aceptación del 59%.
La revocación de mandato está resultando más una herramienta para ratificar la aceptación del Presidente, un espacio para su visibilidad y la de su movimiento. A pesar de su potencial como instrumento democrático, este ejercicio participativo ha dejado ver la reducción presupuestaria del INE, las tensiones entre el Ejecutivo y el árbitro electoral, un debilitamiento de las instituciones y el incumplimiento de la norma en veda electoral.
Como muchos mexicanos, deseo que este ejercicio fortalezca la posibilidad de participación ciudadana, pero basada en el marco legal como campo de acción de la democracia.
Por: María Elena Martínez Murillo, @mariaemmc. Consultora en desarrollo sostenible, Strategink. Maestra en Economía para el Desarrollo. Exbecaria Fulbright-García Robles.