NUEVO LEÓN

Analizan eliminar penas por insultar o desobedecer al gobernador de Nuevo León

Estos castigos están vigentes desde hace años en la Constitución previa; no es una propuesta de Samuel García

NACIONAL

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Esta medida es parte de la norma que lleva años operandoCréditos: Especial

Pedro Torres, coordinador del grupo de acompañamiento de la nueva Constitución de Nuevo León, aseguró que la propuesta de establecer como un falta administrativa hablar en contra del gobernador Samuel García no es una medida que haya propuesto el mandatario local.

Aseguró que la imposibilidad de que se hable en contra del titular del Ejecutivo local es una medida legal llamada “facultad de sanción”, la cual es vigente en la Carta Magna que hoy rige los destinos de la entidad. 

“Esto es algo que existe en todos los constitucionalismos”, dijo. 

En entrevista con Javier Alatorre, en El Heraldo Radio, el académico dijo que la respuesta de las autoridades deben ser correspondientes a la ofensa que se recibe y aseguró que nunca se ha actuado en contra de actores públicos que han criticado al gobierno, pero que en esta norma se contemplan situaciones donde podría aplicarse.

“Cuando es insultado, cuando se rompe el orden público”, dijo. 

Indicó que en el texto se establece que el castigo por esta acción es de hasta 36 horas de prisión y que no se ha incluido algún ajuste en la Constitución, pero se están analizando los pormenores que están relacionadas con la norma legal.

Medidas como esta ya estaban previstas en otras cartas magnas.

Explicó que este mecanismo no considera la ofensa como un delito, sino como una falta administrativa, por lo cual no se trata de un asunto similar a la polémica suscitada en Veracruz por la ley de “ultraje a la autoridad”.

Aseguró que la libertad de expresión tiene un mayor peso ante el juez que la de la intimidad de las figuras públicas, por lo que descartó que esta medida sea usada para la coacción contra los críticos del gobernante.

Dijo que la discusión sobre la norma es un triunfo, debido a que puso en la agenda pública la necesidad de analizar y actualizar el código vigente y las cosas que deben mejorarse en él.

"Se podrían generar límites, definir cuáles serían los supuestos", dijo. 

Añadió que su recomendación irá en el sentido en que se aclare cuál será el poder que tendría el líder local para aplicar este mecanismo para determinar si debe o no conservarse.

"Existe el derecho de protesta, que de hecho este texto habla del derecho de protesta", dijo.

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