MERCADO Z LARIOS

Locatarios del Mercado Z Larios de Tepic piden audiencia con autoridades ante expropiación

Los locatarios proponen que el ayuntamiento y el gobierno federal construyan lo que han denominado Ciudad de las Artes Indígenas

NACIONAL

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En 1992 fue inaugurado el emblemático Mercado Z Larios de Tepic. Créditos: ESPECIAL

Al menos 34 propietarios de locales del Mercado Z Larios de Tepic, exigen audiencia personal con la alcaldesa Geraldine Ponce y el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro para dialogar ante la expropiación que pretenden realizar del sitio; piden escuchar sus cuestionamientos y respeto a su derecho de propiedad que tienen desde hace 30 años.

Mientras tanto ya fue publicado el Procedimiento Administrativo de Expropiación con folio Exp.SGG-PAE-001/2022 -del Mercado Modular Mololoa o Mercado Z Larios, en el Periódico Oficial del Estado, promovido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal, a través de su titular Fernando Durán Becerra -ex líder de la Canacintra-.

Los locatarios proponen que el ayuntamiento y el gobierno federal construyan lo que han denominado Ciudad de las Artes Indígenas, en la parte que le corresponde en propiedad al ayuntamiento y a la autoridad federal, para no afectar la forma de vida de 34 comerciantes que en su mayoría son personas adultas mayores, dijo en entrevista el maestro en salud pública, Vladimir Tello, vocero e hijo de uno de los propietarios del sitio.

Del total de locales construidos entre 4 mil 435 metros cuadrados, 41 pertenecen al ayuntamiento de Tepic y 13 fueron atraídos por la SHCP, 29 se usan como vivienda, 74 están abandonados y 34 activos, reconoce el ayuntamiento.

Uno de los discursos, y acuerdos, que ha tomado el ayuntamiento tepiqueño es que el sitio es una zona de inseguridad debido a que la Dirección General de Seguridad Pública detectó 146 conductas "que podrían tipificarse como delitos, lo que hace que ese sitio sea considerado como inseguro, ya que se propicia la venta y consumo de drogas, prostitución y vandalismo", refiere el documento firmado por el síndico Josué Mercado, entregado a regidores para su aprobación, que ocurrió el 24 de enero pasado.

Cabe recalcar que el Reglamento Interno de la Dirección General de Seguridad Pública y vialidad del municipio de Tepic, en sus artículos 2 y 4 refieren la responsabilidad y competencia de imponer operativos de seguridad que garanticen la paz pública y la integridad de las personas, máxime cuando el mercado se ubica a tres cuadras del ayuntamiento, en el centro de la ciudad.

"Artículo 2. La Seguridad Pública Municipal es una función a cargo del  Ayuntamiento, en la que está involucrada la sociedad, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas así como preservar las libertades, el orden y la paz pública en el ámbito de competencia municipal. Y el Artículo 4, refiere que "Las funciones, programas y corporaciones de seguridad pública del municipio estarán bajo el mando de la Persona que ostente el cargo de Presidente Municipal por conducto del Director General de Seguridad Pública".

El vocero, Vladimir Tello afirmó que la seguridad no es competencia de los locatarios, por lo que la autoridad debería garantizar de otro modo la seguridad; dijo que no se oponen a mejoras del lugar pero exigen que sean integrados al plan, ya que se proyecta solo puedan ocupar el lugar, comerciantes de artesanías de pueblos originarios; además de que serían removidos a otro mercado donde tendrían que pagar nuevamente por el espacio que no sería suyo, y que económicamente no es redituable.

También mencionó que al existir dificultades para sanear el río Mololoa, que despide olores fétidos y en su cauce se vierten descargas domiciliarias de drenaje, tendría que garantizarse en primer orden, el tratamiento del río que colinda con este y otros mercados, para que cualquier proyecto sea exitoso.

En 1992 fue inaugurado el emblemático Mercado Z Larios de Tepic, en el trienio de Alejandro Rivas Curiel, quien en agosto de ese año, firmó el reglamento que daba orden a los condóminos de 191 locales a los que se mudaron algunos comerciantes ambulantes de la zona, pagando propiedad para ello.

Se espera que las y los locatarios activos presenten solicitudes de amparo y quejas por violaciones a derechos humanos, luego de que no sean atendidos directamente por los titulares de la autoridad estatal y municipal.

SSB

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