En esta semana, la suspensión del embarazo antes de las 14 semanas pudiera ser aprobado en Sinaloa, luego de que diputadas y diputados de comisiones unidades del Congreso del Estado, aprobaron dictamen con propuestas para reformar y adicionar diversas disposiciones en leyes estatales.
El dictamen indica que las reformas propuestas sobre los servicios para la interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad y salubridad cumplen con los estándares internacionales, y que la interrupción en las instituciones públicas del sector salud será un servicio gratuito, permitido hasta la semana 13 de gestación.
Durante la reunión de trabajo se expuso que comete el delito de interrupción del embarazo la mujer o persona gestante que finalice de forma anticipada el proceso de gestación, después de la décima tercera semana. Se considera persona gestante quien teniendo una identidad de género diversa a la de mujer, su cuerpo posee la capacidad de gestar.
A la mujer o persona gestante que interrumpa el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá una amonestación, y de uno a tres meses de medidas integrales, mismas que corresponderá decretar a la autoridad judicial y podrán ser en materias de salud, educación o de cualquier índole, tendentes a la protección y orientación social de la persona sancionada.
Asimismo, a la persona que apoye a interrumpir el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá de veinte a cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad o de doscientos a setecientos días multa.
Otros aspectos contemplados en el dictamen establecen que “comete el delito de interrupción forzada del embarazo, la persona que mediante cualquier medio y en cualquier momento produzca o practique la finalización anticipada del proceso de gestación a la mujer o persona gestante sin su consentimiento.
El delito de interrupción forzada del embarazo podrá ser sancionado en grado de tentativa” y al responsable de este delito se le impondrán de dos a ocho años de prisión, y si además se produce la pérdida de la aptitud o capacidad reproductiva de la víctima, o bien se empleare engaño, violencia física o moral, se impondrán de tres a nueve años de prisión.
Si el delito de interrupción forzada del embarazo fuese causado por profesionales de la medicina o la enfermería, además de las sanciones que les correspondan serán suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Se le reconoce a las y los médicos el derecho de objeción de conciencia, es decir, quienes por cuestiones morales o personales decidan no practicar la interrupción, podrán hacerlo.
El dictamen también resalta que se consideran causas excluyentes de responsabilidad penal cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o de inseminación artificial indebida, independientemente de que exista, o no, causa penal sobre estos delitos.
Otras causas excluyentes:
1. Cuando la interrupción del embarazo sea derivada de una conducta culposa o involuntaria de la mujer o persona gestante.
2. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto de la gestación presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer o persona gestante.
3. Cuando exista un trastorno ginecológico que a juicio de dos médicos especialistas haya impedido a la mujer o persona gestante tener el conocimiento del embarazo.
4. Si de no provocarse la interrupción del embarazo, la mujer o persona gestante corre peligro de afectación grave a su salud o está en riesgo su vida, a juicio de dos médicos especialistas, siempre que esto sea posible y la demora no incremente el peligro.
Al momento de votar el dictamen, en la Comisión de Salud se registraron tres votos a favor del dictamen y dos abstenciones; en la de Igualdad de Género y Familia cuatro votos a favor y una abstención; en la de Derechos Humanos fueron tres votos a favor, una abstención y una legisladora no votó por ausencia.
A las Comisiones les fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente dos iniciativas: una presentada por el diputado Adolfo Beltrán Corrales, y la segunda, por diputadas y diputados de Morena, que coordina el legislador Feliciano Castro Meléndrez.
Aprobado el dictamen en Comisiones Unidas pasará al Pleno del Congreso para su lectura, discusión y votación.
mgm