Al considerar que los penales existentes en Nuevo León son de baja seguridad y que algunas de las personas privadas de su libertad son considerados “peligrosos”, el Secretario de Seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua señaló que se corre el riesgo de motines o riñas masivas.
El funcionario señaló que es necesaria la inversión en los penales del estado, pues de lo contrario podrían existir situaciones violentas, como la registrada hace algunas semanas en el Penal de Apodaca.
“Una parte es una ampliación y otra es reconstrucción, porque todos los penales, salvo el nuevo, todos los demás son de baja seguridad y tenemos mucha gente muy peligrosa, y si no se invierte ahí, tenemos el riesgo siempre de un motín o una riña masiva”, mencionó Fasci Zuazua.
Esto lo mencionó el titular de Seguridad en la entidad después de que el Gobernador Samuel García informó que habrá una ampliación de los penales de Apodaca y Cadereyta, aunque no dio una fecha para el arranque de estas obras.
El mandatario argumentó que buscan darle una vida digna a los reos que están bajo el control de los delincuentes dentro de estos centros penitenciarios, y que la finalidad que tienen es que la autoridad tenga el control total de los penales.
Cabe señalar que recientemente, fueron trasladados 71 internos a penales federales en Guanajuato, Tepic, Toluca, Chiapas y Oaxaca, al detectar que eran partícipes de agresiones y extorsiones tanto dentro como fuera de los penales.
Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha insistido en la necesidad de tener protocolos y operativos para preservar el orden y seguridad al interior de los penales en la entidad.
De hecho, el año pasado, el consejo Nuevo León reveló que los Centros de Reinserción social en la entidad no cuentan con ninguna certificación y denunciaron que se encontraban al borde de la sobrepoblación.
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),los penales de Nuevo León tenían una ocupación del 91.4 por ciento; el 28 por ciento tenían una sentencia, el 17 por ciento estaba en proceso de recibir una, y el 53 por ciento eran población en general.
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