La organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y los Comités de Cuenca del Río Sonora, informaron que la empresa de Grupo México está operando sin un “plan de Manejo de Residuos Mineros y Metalúrgicos desde hace 11 años.
En un comunicado aseguraron que sostuvieron una reunión informativa con la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el pasado tres de marzo, donde esta dependencia confirmó la falta de este plan por parte de la empresa Buena Vista del Cobre de Grupo México, en Cananea.
Se detalló que esa reunión pública informativa fue resultado de años de litigios y sentencias a favor de los afectados del derrame de 40 mil millones de litros de sulfato de cobre acidulado de la Mina de Grupo México sobre los Ríos Bacanuchi y Sonora, provocando una afectación a más de 22 mil habitantes, incluido un juicio de amparo 144/2015 y un recurso de revisión 247/2019.
En el comunicado, amabas organizaciones aseguran que es inaceptable que la minera opere sin cumplir los requisitos básicos de seguridad ambiental y que la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sea omisa en exigir que se cumpla con este plan y el cabal cumplimiento de la NOM 157 SEMARNAT-2009.
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Rompen diálogo de marzo
En el mismo comunicado los Comités de Cuenca del Río Sonora informaron que decidieron no asistir a las reuniones programadas para el mes de marzo, como parte del Plan de Justicia para Cananea, ya que las autoridades Federales no toman en serio la atención a los habitantes afectados del Río Sonora, no presentan resultados de los estudios de contaminación ni planes de acción.
Se detalló que desde el año pasado se tomaron muestras de sangre y orina a los habitantes del Río Sonora, así como muestras de agua, suelo y aire, para medir la cantidad de contaminantes y afectación a la salud y medio ambiente, pero no los han presentado y por eso no acudirán al dialogo del mes de marzo.
El llamado que realizan a las autoridades es acudir a las reuniones de abril con un trabajo sustantivo y se presente un plan estructurado que atienda las urgencias en materias de salud, agua, medio ambiente, la atención a medidas cautelares, y la remediación y garantía de no repetición.
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