Desde la Cámara de Diputados, el abogado general de la Comisión Federal Electricidad (CFE), Raúl Jiménez Vázquez, aseguró que la propuesta de la reforma eléctrica del Ejecutivo federal “no viola el T-MEC”, pero su postura chocó con la del negociador de ese acuerdo comercial que México tiene con Estados Unidos y Canadá, Kenneth Smith, quien advirtió que habrá represalias comerciales y demandas multimillonarias contra este país.
“La iniciativa del presidente de ninguna manera contraviene el Tratado de libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC… En efecto, en el Capítulo 8, relativo al rubro de la energía, claramente y sin lugar a dudas se establece que ‘México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y legislación interna’”, argumentó este martes el abogado de la empresa productiva del Estado.
Durante el foro 14 de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el abogado expuso que lo anterior significa que la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador “no está constreñida” por el ámbito de aplicación material del T-MEC.
“Esta exclusión anula cualquier intento de cuestionar su validez a la luz del tratado comercial y no obstante de esta circunstancia conlleva una expropiación directa o indirecta, como se ha venido propagando en medios de comunicación directa”, dijo.
Sin embargo, su postura se contrapuso con la de Kenneth Smith Ramos, socio en el despacho Agon, que se especializa en competencia económica, regulación y comercio internacional, y quien fuera jefe de la negociación Técnica de México para el TMEC.
“Hay que ser muy claras desde un inicio: la reforma a como está redactada es violatoria del TMEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra de nuestro país”, apuntó.
Desechó el argumento del abogado de la CFE, que señala que “hay una exclusión por el hecho de que hay un capítulo 8 que señala que los hidrocarburos le pertenecen a la nación y que México tiene el derecho soberano de modificar su Constitución”.
“Esto es un hecho enunciativo, es decir, esto es lo que se está plasmando en nuestra Constitución, pero de ninguna manera otorga a México otorga un cheque en blanco para violar el tratado a través de cambios constitucionales”, expuso.
Señaló que cualquier cambio constitucional a leyes secundarias o reglamentos técnicos que quiera hacer México “tienen que ser compatibles con los compromisos del Tratado”.
“Entonces, no podemos tomar el Capítulo 8 que tiene que ver, por cierto, en particular y exclusivamente con hidrocarburos y argumentar que eso nos da la posibilidad de negar todos los demás compromisos que tenemos en diversos capítulos del tratado”, señaló.
Al respecto, el abogado Raúl Jiménez contestó que durante la negociación del T-MEC, a través del negociador del gobierno entrante de López Obrador, “con las gestiones del nuevo negociador, Jesús Seade Kuri, se llega a la conclusión de que ese Capítulo 8 queda derrotado, queda derrumbado y en su lugar entra esta afirmación contenida puntualmente en el artículo 8.1 parágrafo 2, inciso A del Capítulo 8.
“No es eso lo que se decide del contexto de la negociación, lo que se deduce está en palabras categóricas del presidente López Obrador en algunas mañaneras, dice: ‘cuando se aprobó el tratado nosotros establecimos que el tema energético no quedara incluido en el acuerdo’. Ese es el sentido que le da el Estado mexicano vía el jefe del Estado, presidente de la República, a esta aseveración. Y por eso concluyo sin lugar a dudas, contrario a lo que se dice en esta mesa de los energéticos, que el tema de los energéticos no forma parte ni del Capítulo 8 ni de ninguno de los capítulos del T-MEC, el tema energético está fuera del T-MEC”, señaló.
En tanto, Ana López Mestre Martínez, directora general de American Chamber of Commerce of México, que representa a más de mil empresas que juntas generan 8.5 millones de empleos en México, alertó que los términos de la actual iniciativa generan desconfianza en los inversionistas por la cancelación de permisos y contratos que se propone.
También dijo que “comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el TMEC”.
“Esta reforma contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, lo que en términos del tratado constituye una expropiación indirecta; afecta el principio de libre competencia y prevención de prácticas monopólicas al asimilar y debilitar a los órganos reguladores y pone a México en el riesgo de enfrentar litigios internacionales porque el T-MEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes.
“Lo anterior explica la contundencia de al menos 22 extrañamientos tanto del gobierno como de la industria de los Estados Unidos que han denunciado los riesgos de esta iniciativa”, dijo.
Por su parte, en defensa de la propuesta legislativa, Almudena Otero de la Vega, abogada de litigios estratégicos en la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Oficina del abogado general de la CFE, expuso que la iniciativa respeta los tres principios en el T-MEC: nación más favorecida, trato nacional y nivel mínimo de trato.
“En los términos que está planteada la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales no violan el principio de trato nacional. Por ejemplo, el nuevo párrafo 7 del artículo 28 constitucional establece que se garantice que CFE participe al menos en el 54 por ciento de la generación de energía eléctrica del país y el sector privado participe hasta en el 46 por ciento. Esta disposición no se establece en términos que brinde un trato menos favorable a los inversionistas extranjeros porque cuentan con las mismas oportunidades de generar electricidad y competir en el mercado que los inversionistas privados mexicanos”, dijo.
Por: Iván Evair Saldaña y Elia Castillo
SSB
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