Mediante decreto, el gobierno federal hizo la declaratoria de “utilidad pública” de cinco millones 355 metros cuadrados (más de 355 hectáreas) de propiedad privada, que serán utilizados para la construcción del Tren Maya.
Estas hectáreas están en los municipios de Cancún, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en el estado de Quintana Roo.
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se explica que, a partir de este momento, se debe notificar personalmente a los titulares de los bienes y derechos, en el domicilio correspondiente.
En caso de ignorarse quiénes son los titulares, o bien se desconozca su domicilio o localización, se debe efectuar una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación para expropiar.
"Notifíquese personalmente a los titulares de los bienes y derechos, en el domicilio que de ellos conste en el expediente correspondiente. En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien se desconozca su domicilio o localización, efectúese una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación de la localidad de que se trate, conforme a lo establecido en el artículo 2o. fracción II de la Ley de Expropiación", detalla el documento.
El DOF señala que los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación para manifestar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen convenientes para acreditar que son dueños de estás propiedades.
El DOF también avala que se proceda en la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo convenio con los dueños de los terrenos.
Esta decisión se da luego de un cambio en el trazo original del Tren Maya, que ha atrasado el desarrollo de construcción.
En 2018, cuando era presidente electo, López Obrador prometió no expropiar ningún terreno, sin embargo está posición se modificó hace unos meses, cuando se cambió la ruta original del Tren Maya.
“No se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido”, dijo entonces.
Este decreto también se da en el marco de pláticas y acercamientos con empresarios hoteleros de la Riviera Maya, así como propietarios privados, para que ayuden en este cambio de planes facilitando los terrenos para seguir con la construcción del tren.
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, es el encargado de la negociación con los empresarios turísticos de Quintana Roo, y la Sedatu es la instancia encargada de ejecutar estos acuerdos.
Según el decreto, con la operación del Tren Maya se estima un crecimiento económico estatal y municipal de 1.59 por cierto (2.1 billones de pesos), con una diferencia a favor de 0.75 por ciento, que no se tendría.
Se trata de la segunda expropiación de terrenos para el Tren Maya. El 17 de enero se anunció la adquisición de 198 inmuebles.
CAR