Carlota tenía 16 años cuando fue violada por un vecino en su comunidad, quien le advirtió que no informara a sus padres de lo ocurrido, o les haría daño.
En tres ocasiones, la agente del MP le negó la autorización para abortar porque la adolescente denunció la violación después de que se enteró de su embarazo, porque no había elementos para acreditar que fue amenazada por su agresor, ni pruebas físicas de la violación, y en el dictamen psicológico se determinó que no había daño porque ella no mostraba miedo a los hombres.
El Código Penal de Hidalgo, donde ocurrieron los hechos en 2015, establecía en ese momento que el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación, siempre y cuando la interrupción se autorice y realice dentro de los 90 días a partir de la concepción; si la víctima denuncia antes de saber que está embarazada, y si se comprueba que se cometió el delito de violación y se emita la autorización respectiva.
El proyecto de sentencia, elaborado por la ministra Margarita Ríos-Farjat, y que será discutido este miércoles por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plantea amparar a Carlota y que se le repare el daño de forma integral, por considerar que la porción normativa impugnada es inconstitucional al imponer medidas restrictivas y discriminatorias para que la mujer acceda a la interrupción legal del embarazo, producto de una violación.
PAL