Tras diversas acusaciones por corrupción, Othón Manuel Ríos Flores, fue destituido de su cargo como magistrado por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del Poder Judicial de la Federación.
El Heraldo de México informó el pasado 1 de octubre de 2020 que a Guerrero enviaban como “castigo” a juzgadores federales con señalamientos y expedientes de investigación abiertos en su contra.
El 29 de mayo de 2019, el CJF ordenó una investigación en contra de Ríos Flores y ese mismo día se ordenó también su cambio de adscripción de Tlaxcala a Acapulco.
En febrero de 2021, en el Procedimiento Disciplinario de Oficio 18/2020, el ahora exmagistrado ya había sido suspendido temporalmente, por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y acoso sexual durante su desempeño en Tlaxcala.
Sin embargo, el 14 de febrero de 2022 se determinó su cese e inhabilitación por 10 años. Al ahora exmagistrado se le relaciona con actos ilegales junto con el exgobernador priista de Tlaxcala, Mariano González Zarur, en el otorgamiento de patentes de notario.
En este destino de playa, el exmagistrado vivía en una zona de alta plusvalía, ubicada sobre la avenida Escénica, cerca de Pichilingue.
Todavía está pendiente en el CJF el caso del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, quien fue cambiado de adscripción como castigo por nepotismo en Toluca.
Así también, la jueza Ariadna Ivette Chávez Romero, respecto de quien fuentes del propio CJF aseguran que es un caso de relevancia nacional por el gran número de quejas administrativas que tiene, tanto del personal del juzgado como del foro de abogados.
Por Alonso Juárez
PAL