La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó el amparo presentado por el ejido Tecoltemic, ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla, para revocar la concesión a la minera Gorrión, filial de la firma canadiense Almaden Minerals
Ante esto, Daniel Santamaría señaló que el impacto sin precedentes para la industria minera de este amparo, pone la luz varios factores.
Además, el vicepresidente de la empresa minera Gorrión, destacó que, desde el año 2003, empezaron a trabajar con una concesión que fue otorgada por el estado y han trabajando con una inversión de más de 40 millones de dólares en contacto con las comunidades.
Es un proyecto que ha sido diariamente consultado en participación continúa con las comunidades en donde han llevado diálogos comunitarios, mesas de diálogo, diferentes consultas viajes a minas para que ellos reconozcan la realidad de los proyectos mineros.
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Al respecto afirmó que en 2015 se ingresó un amparo por parte de la comunidad que está a más de ocho kilómetros de distancia de donde está ubicado el proyecto.
Invisibilizan a las comunidades poblanas
En este sentido, Santamaría mostró su preocupación debido a que entran en varios factores, como invisibilizar a las comunidades que sí están en contacto directo con el proyecto, y reiteró que es una comunidad que está a una distancia de más de 8 km de donde está la zona de impacto significativo del proyecto, misma que está tomando la decisión invisibilizar los derechos que tienen las otras comunidades.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Gudalupe Juárez, el vicepresidente de la empresa minera pidió dimensionar correctamente la realidad del caso frente a la manipulación que se ha tenido por parte de las organizaciones civiles donde curiosamente la comunidad que ingresó el amparo se autoescribe como comunidad regional para el amparo.
sumado a esto, es a través de la señal de Heraldo Media Group que el vicepresidente de la minera Gorrión afirmó que, evidentemente va está llevado de la mano de las organizaciones civiles y está haciendo un amparo que peleaba y que no se le había consultado para el otorgamiento de una concesión minera en el año 2003 y terminó siendo un amparo estratégico para modificar la Ley minera.
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