En diciembre del año 2000, tras un reñido proceso electoral que mantuvo al país entero en vilo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, por una mayoría de 5-4 votos de entre sus miembros, tomó una decisión cuyo resultado material sería convertir a George W. Bush en el presidente número 43 en la historia de dicho país. Esta elección, cuyo proceso de conteo de votos propició un clima de inmensa tensión, fue un auténtico desafío para la democracia estadounidense el cual, fácilmente, pudo haber significado su ruptura. Sin embargo, no fue así.
El juez de la Suprema Corte Stephen Breyer, pese a haber votado en sentido contrario a la mayoría de sus colegas, hace una importante observación: el pueblo estadounidense no se rebeló. Por supuesto que existió polémica y hubo desacuerdos, pero el poder pasó de un presidente a otro de forma pacífica, demostrando así que los estadounidenses estaban dispuestos a acatar las decisiones tomadas por su máximo tribunal. Así, en aquellos momentos cruciales para la vida democrática de un país, este reconocía su autoridad como supremo intérprete de la Constitución. Entonces la pregunta, ¿por qué los estadounidenses decidieron respetar la decisión de su Suprema Corte? Por supuesto, la Constitución otorga poderes a esta institución, ¿pero, en última instancia, qué es aquello que ante los ojos de la sociedad da autoridad a un tribunal constitucional?
El que las decisiones de un tribunal constitucional tengan tal incidencia en una sociedad es algo totalmente sorprendente considerando las reflexiones de Alexander Hamilton sobre el poder judicial en “El federalista''. En su análisis de las tres ramas del gobierno Hamilton evalúa el poder que posee cada una. El Ejecutivo no es únicamente quien dispensa los honores, sino que es quien detenta “la espada”, es decir, la fuerza pública. De la rama legislativa, Hamilton señala que no solo es ella quien elabora las leyes, sino que al ser quien decide sobre el presupuesto, también tiene el poder de “la cartera”. Por último, la rama judicial, al carecer de influencia sobre la cartera o la espada, sobre la riqueza o la fuerza, es la más débil de las tres ramas de gobierno. La única fuerza del poder judicial proviene de la fortaleza de los razonamientos sobre los cuales sustentan sus decisiones, las cuales han de ser consideradas tanto por los demás organismos estatales como por el público como proporcionando soluciones justas y equilibradas a los conflictos que se le presentan.
Sin embargo, pese a su aparente debilidad, es imposible concebir una sociedad democrática sin un poder judicial sólido e independiente, encabezado por un tribunal constitucional. Es esta institución la máxima intérprete de la Constitución, guardiana de todo aquello que significa: división de poderes, democracia, Estado de derecho y, primordialmente, la salvaguarda de los derechos humanos de los habitantes de una nación.
Aharon Barak, jurista israelí y presidente de la Corte Suprema de su país, ponderó sobre el rol que han de jugar los tribunales constitucionales, pronunciándose de la siguiente manera: “La principal preocupación del tribunal constitucional es la más amplia acción correctiva de todo el sistema. Esta acción correctiva se debería de enfocar en dos problemas principales: cerrar la brecha entre derecho y la sociedad y proteger la democracia.” No obstante, sería imposible que un tribunal constitucional cumpla con estas dos tareas fundamentales si sus argumentos, única arma en su arsenal, carecen no solo de la calidad técnica requerida, sino, sobre todo, de la legitimidad ante los ojos de la sociedad de que estos son emitidos por una institución que les representa.
Considerando que los miembros de un tribunal constitucional, llámese, por ejemplo, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no son representantes electos popularmente, la labor de acercarse a la población cobra una vital importancia si han de ser vistos como una institución legítima. En su comparecencia ante el Senado de la República como parte de la terna de entre la cual se habría de seleccionar a una ministra para la SCJN, Ana Laura Magaloni indicó que la Corte habría de buscar acercarse al pueblo para, así, llevar la justicia a todos los miembros de la sociedad. En sus palabras, se debían de “abrir las puertas de la Corte”, entablando una comunicación con las víctimas, defensores públicos, jueces de primera instancia, colectivos y demás organizaciones de la sociedad civil, así como de cualquier otra persona interesada en que “el corrupto y el violento no impongan su ley”, sino en que haya justicia.
Sin esta actividad de acercamiento a la sociedad cuyos derechos pretende proteger, los tribunales constitucionales carecerán de la legitimidad suficiente para que sus decisiones incidan cuando estas sean vitales para salvaguardar una democracia, como lo fue en los Estados Unidos hace ya 21 años.
IL