La orden de aprehensión en contra de Christian Von Roehrich se debe a una serie de contratos que suman 207 millones de pesos que fueron entregados a diversas empresas, así lo dio a conocer Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
Estos recursos, dijo, debían ser usados para mantener inmuebles, pagar la demolición y remover escombros de los inmuebles que fueron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
"Se devengó el dinero a estas empresas y nunca se cumplió"
Indicó que la institución acudió al domicilio del funcionario con la intención de presentarlo ante el juez de control, pero no fue ubicado. Comentó que una vez que acuda ante las autoridades podrá hacer su defensa como corresponde con la ley.
No hay motivos políticos
Rechazó que haya una persecución política en contra del diputado y aseguró que hay una demostración de los hechos en los que habría actuado de manera ilegal durante su gestión al mando de Benito Juárez.
Explicó que ya se notificó a las fiscalías de los estados y al Instituto Nacional de Migración para poder dar con el exfuncionario y así evitar que siga prófugo de la justicia.
"Nosotros tenemos la información de que el amparo corresponde a un manejo de cuentas"
La tarde de ayer, la Fiscalía informó que se tenían evidencias para sostener que el exdelegado de Benito Juárez habría participado en ilícitos.
No está ligado al Cartel Inmobiliario
Aseguró que no se ha desarrollado ninguna acusación formal en contra del político por una supuesta relación con el llamado Cartel Inmobiliario, aunque no se descarta que sea vinculado en la investigación que se está llevando a cabo.
"Aquí la acusación es por enriquecimiento ilícito", dijo.
Esta organización está acusada de realizar actos fraudulentos en al menos 198 inmuebles de la Ciudad de México, principalmente en la demarcación gobernada por el panista.
Dentro de las violaciones que realizó este grupo para enriquecerse, denunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México el pasado 9 de diciembre, se incluyen diversas violaciones al uso de suelo, por lo que se llevó a cabo una revisión por parte de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Secretaría del Medio Ambiente.
De acuerdo con la líder de la capital, los involucrados en este esquema recibieron ganancias de al menos 10 mil millones de pesos a través de la construcción ilegal de niveles de forma irregular en al menos mil 600 departamentos en la Ciudad de México.
El pasado 9 de noviembre, la jefa de Gobierno indicó que estas edificaciones son equivalentes a fincar seis torres del tamaño de Mitikah.
Durante años, este grupo incluyó más pisos de los permitidos por la ley en varios complejos de vivienda, lo cual pone en riesgo a los ciudadanos en caso de desastres naturales por la poca resistencia del suelo. Para esto, se tuvo la complicidad de directores responsables de obras (DRO), quienes declaraban habitables estos inmuebles.
No fue sino hasta que se revisó la documentación en torno a los edificios que colapsaron durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 que se notaron los irregularidades que se habían cometido. Desde entonces se comenzó un análisis de la situación de las edificaciones en la capital. lo cual culminó con las observaciones antes mencionadas.
El primer edificio que cayó durante el terremoto y que ayudó a destapar esta estafa fue el ubicado en la avenida Emiliano Zapata, pese a que había sido marcado como habitable. De ahí comenzó la investigación en contra de Luis "N" y Nicias "N", anteriores operadores de la Seduvi en el Distrito Federal. Las investigaciones sobre el caso han seguido, lo cual ha llevado a determinar que los antiguos delegados de la demarcación pudieran estar involucrados con este delito.
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