En México están registradas 108 mil personas desaparecidas y 14 por ciento de ellas son de Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro. Sin embargo, el cumplimiento de las recomendaciones internacionales que atañen a autoridades estatales y municipales de Jalisco, derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en la atención a la desaparición de personas, no han sido atendidas.
Así lo reporta el libro Obligaciones de las autoridades de Jalisco ante la desaparición de personas, del Dr. Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que bajo esta premisa se dio a la tarea de recopilar y sistematizar las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano entre 1994 y mayo de 2022 relativas al derecho a no ser sometido a desaparición.
La constante por parte de las autoridades estatales y municipales ha estado orientada hacia la tendencia de suponer que las obligaciones internacionales del Estado mexicano son un asunto que compete exclusivamente al Gobierno Federal; ignorando que las autoridades estatales y municipales son también parte integral del Estado y son responsables del cumplimiento de las normas.
Del total de tres mil 591 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano entre 1994 y mayo de 2022, 436 (12.1 por ciento) han sido relativas al derecho a no ser sometido a desaparición, y de ellas, 317 competen a los gobiernos estatales, incluyendo el de Jalisco, según explica el documento.
La agenda pendiente en esta materia en las entidades del país, incluyendo Jalisco, explicó la Mtra. María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), incluyen el Investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de la violación del derecho a no ser sometido a desaparición, y reformar e implementar el marco jurídico o normativo.
Así como elaborar y mantener bases de datos, estadísticas o registros administrativos; reparar el daño a las víctimas; e incluir, consultar y colaborar con organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas.
El panel internacional analizó cumplimiento de las recomendaciones internacionales
El Dr. Carlos Fabián Pressacco Chávez, académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y coordinador del grupo de trabajo de Derechos Humanos de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), señaló que la responsabilidad es colectiva y no atañe a un solo orden de gobierno o a un solo sector de la sociedad civil.
La Dra. María Luisa Acosta Castellón, académica de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, señaló que el desaparecido no es la única víctima, sino también la familia.
El Dr. Efrén Guerrero, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, indicó que uno de los grandes retos de los que da cuenta esta publicación es la falta de seguimiento a las recomendaciones, mismas que, afirmó, deben traducirse en políticas públicas que permitan ser medibles y evaluadas.
En tanto, Daniela Bocanegra Toledo, directora de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios del municipio de Zapopan, apuntó que es prioridad crear sinergias y diálogo horizontal entre las instituciones y los sectores que convergen en esta problemática.
Por su parte, la Lic. Sofía Berenice García Mosqueda, regidora y titular de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad de Guadalajara, recordó que, tan sólo en este año, ya se tiene cuenta de dos mil 113 personas desaparecidas.
También en FIL colectivos alzaron la voz en el tema
Recientemente, también en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), con la participación de una portavoz de los colectivos de madres buscadoras y representantes de la ONU y de la Cruz Roja Internacional, se dio a conocer la tercera edición del libro “La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso durante la presentación que la desaparición forzada es una gravísima violación a los derechos humanos que ha generado una creciente preocupación.
Martha Leticia García, a quien conocen en los colectivos como Marlety, es la mamá de Ulises Quintero, un joven universitario del que nada se sabe desde el 4 de agosto de 2017, cuando salió de su casa, exigió a las autoridades, una vez más, verdad y justicia en los casos de personas desaparecidas.
"Ante la necesidad de agruparnos en esta pérdida de seres queridos hemos conformado colectivos. Las madres nos unimos para darnos cobijo, asesoría y acompañamiento, en lo que emprendemos una búsqueda sin fin. Es una exigencia, pedimos verdad y justicia al gobierno y no se nos ha dado, nos queda mucho a deber el Estado", dijo.
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