Una diferencia política de dos funcionarios de Huautla, un poblado rural en la región huasteca de Hidalgo con apenas 20 mil 673 habitantes, desveló el que para las autoridades estatales es el principal esquema de corrupción operado en el gobierno de Omar Fayad Meneses: 522 millones 56 mil 287 pesos presuntamente desviados por 13 municipios y dos Secretarías a través de depósitos a empresas fantasma y emisión de facturas por obras y servicios simulados.
El tesorero de este municipio denunció al alcalde Felipe J.R. –hoy preso en la cárcel de Pachuca como medida cautelar para, según el juez del caso, evitar fuga mientras se lleva a cabo la investigación– por asignar contratos que no fueron aprobados por la asamblea a firmas dudosas, pero el detonante –además de las confrontaciones políticas que mantenían al interior del ayuntamiento– fue que el presidente pretendía que el tesorero, su subalterno, se hiciera responsable de estas adjudicaciones y del destino del recurso; con esto, de haber un descubrimiento de irregularidad, la responsabilidad legal recaería sobre él.
El tesorero, cuya identidad se protege, denunció que el alcalde había ordenado pagos por encima del Cabildo a “compañías” desconocidas en el municipio por 26 millones 615 mil 780 pesos que recibió de recursos extraordinarios, pero lo más relevante en su acusación fue que el concepto de las transferencias eran la rehabilitación de caminos rurales que, afirmó, no se llevaron a cabo.
Para justificar estas obras, Felipe J.R., del Partido Encuentro Social (PESH), presentó una factura y fotografías de maquinaria que supuestamente arrendó. Además, hubo otro concepto de gasto por insumos Covid-19 de los que, ya cuando se judializó la denuncia, no se encontró evidencia.
Cuando el caso llegó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) –que tuvo cambio de titular con la transición de gobierno el pasado 5 de septiembre– conocieron que el mecanismo mediante el cual habían obtenido el dinero era a través de una petición a la Secretaría de Finanzas, la cual, junto con la Contraloría, validó no sólo el procedimiento, sino la “correcta” ejecución de los recursos.
Tras indagar, identificaron que las empresas eran presumiblemente falsas, sin personal, capacidad técnica para realizar trabajos o prestar servicios, aunado a que sus supuestos domicilios fiscales eran casas habitacionales en abandono.
Al principio, según el procurador interino Santiago Nieto Castillo, pensaron que se trataba de un suceso aislado, hasta que recibieron dos denuncias más de otros municipios de posibles desvíos con el mismo modus operandi, y al seguir el rastreo de transferencias con recursos extraordinarios y obras ejecutadas con éstos, descubrieron a 13 implicados, en una red que involucra a los alcaldes, más funcionarios municipales y estatales.
De acuerdo con declaraciones de imputados que buscan un criterio de oportunidad, la autoría intelectual de este mecanismo que las autoridades han denominado la “estafa siniestra” corresponde a un exintegrante del Gabinete de Fayad, miembro de su primer círculo político.
El pasado 23 de noviembre se ejecutaron las primeras órdenes de aprehensión por este caso contra cuatro alcaldes: Felipe J.R., de Huautla; Elías S.S., de Yahualica; Fidel A.S., de Epazoyucan, y Enrique C.G., de Nopala. Todos fueron acusados de posible uso indebido de funciones agravado y peculado agravado por los siguientes montos: 26.6 millones de pesos (mdp), 29.2 mdp, 14.2 mdp y 71.9 mdp, supuestamente destinados a obra pública, arcos sanitizantes y otros materiales para enfrentar la pandemia, así como una app para el correcto uso de los recursos públicos.
Nieto Castillo afirmó que en todos se siguió el mismo modus: petición de recursos extraordinarios a Finanzas, que validó sin objeción sus proyectos, transferencias a empresas con características de fachada, emisión de facturas para justificar el gasto y sin evidencia de que obra pública se haya realizado e insumos Covid se adquirieran.
La madrugada del 24 de noviembre, el alcalde de Nopala (Morena) fue liberado por un amparo para seguir su proceso en libertad con la condición de que se separara de su cargo y no saliera del país, en tanto los otros tres continúan en prisión preventiva y fueron vinculados a proceso el día 28.
El domingo 27, el mismo munícipe de Nopala asistió a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y un día después, cuando tenía que presentarse en los juzgados de Pachuca para la audiencia en la que se definiría su situación jurídica, no se presentó al argumentar síntomas de Covid.
La jueza lo emplazó a presentarse y tras fenecer el tiempo límite el día siguiente, lo declaró evadido de la justicia y se libró una nueva orden de aprehensión en su contra.
También declarado prófugo está el alcalde de Pisaflores: Luis Francisco G.G. (PRI), a quien la PGJEH imputa 30 millones 960 mil 890 pesos. El 24 de noviembre, la policía ministerial coordinó un operativo en la serranía hidalguense para detenerlo; sin embargo, ya no fue ubicado y por labores de inteligencia conocieron que se había desplazado a otra entidad, por lo tanto, solicitaron al Tribunal Superior de Justica estatal una declaración como prófugo de la justicia, que fue otorgada.
Hasta el momento, por la “estafa siniestra” hay tres ediles detenidos y dos prófugos; sin embargo, el procurador interino sostuvo que el objetivo es ir por mandos superiores en esta cadena delictiva. Aunque posibles aprehensiones, dos miembros del primer círculo de Fayad buscan la protección federal mediante amparos: Martiniano Vega Orozco, exoficial Mayor, y César Román Mora Velázquez, exsecretario de la Contraloría.
Nieto Castillo afirmó que existe evidencia suficiente de que exfuncionarios de la anterior administración participaron en esta malversación, sin dar más pormenores por el proceso en curso.
El Heraldo confirmó que, además de Contraloría y Oficialía Mayor se investiga a la Secretaría de Finanzas.
El resto de implicados
Además de Epazoyucan, Huautla, Yahualica, Nopala y Pisaflores, el resto de municipios en los que la AIC identificó el mismo modus operandi son Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo, con un presunto desvío que asciende a 32.9 millones; Atotonilco el Grande, gobernado por Hugo Ramírez López, del extinto partido local Podemos, con 19 millones 920 mil 400 pesos; Huazalingo, con el priista Julio César González García, con un monto imputado de 18.5 millones, y Mineral del Monte, con el también priista Alejandro Sierra Tello, y cuya irregularidad alcanza los 17.5 millones de pesos.
Del PRI hay dos ediles más: Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río, a quien demandan 98 millones, y Edgar Josué Moreno Gayosso, de Zacualtipan, que recibió 14 millones de recursos extraordinarios ligados a este caso.
El resto de alcaldes son Marcos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan, nominado por Nueva Alianza y al que la PGJEH reclama esclarecer el destino de 109 millones 645 mil 325 pesos, el mayor monto de este esquema, y José Alfredo Díaz Moreno, de Movimiento Ciudadano, con 29 millones 225 mil pesos por aclarar.
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