El gobierno de Nuevo León presentó una denuncia contra los diputados de los grupos parlamentarios del PRI, el PAN y una independiente por violar la suspensión del proceso para designar al fiscal del estado.
De acuerdo con el documento del Poder Judicial del estado, a cuya copia tuvo acceso El Heraldo de México, los señalamientos se dirigen contra los legisladores de los grupos parlamentarios priistas y panistas, respectivamente, así como a la diputada sin partido Jessica Martínez, previamente de Morena, por sesionar durante el proceso de designación del fiscal regio.
Antes, se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, el pasado 20 de diciembre, por contravenir la Ley de Amparo en contra de los diputados locales señalados.
De acuerdo con dicha queja, los denunciados desobedecieron la resolución del incidente de suspensión dictado en el juicio de amparo 1482/2022, que ordenó paralizar de manera absoluta el proceso para la designación del fiscal general de Justicia de Nuevo León, no obstante haber sido notificados de una suspensión definitiva concedida en fecha 10 de noviembre del año en curso.
Con esta suspensión, se prohíbe al Congreso local sesionar, ya sea de manera ordinaria o extraordinaria cualquier acto que pueda continuar o consumar el proceso de designación del fiscal.
El gobernador presentó una queja por violación a la suspensión decretada, en la que señala como autoridades responsables al Congreso del estado, los grupos legislativos del PRI, PAN y la diputada independiente.
“Las autoridades responsables, Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Carlos Farías García y Eduardo Gaona Domínguez, ambos Diputados del Congreso del Estado de Nuevo León, interponen incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva”, se lee en la denuncia presentada el 23 de diciembre.
Entre los castigos por el delito de abuso de autoridad está de uno a nueve años de prisión 50 a 400 días multa e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar cargos públicos.
Con esto, el Juzgado Primero Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, aceptó un recurso legal contra los denunciados.
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