El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación con la que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías como órgano articulador de la política pública en la materia.
En un documento de poco más de 120 cuartillas, la iniciativa contempla a las humanidades, las ciencias, las tecnologías e innovación como herramientas para el desarrollo integral de la Nación y el bienestar social, es decir, como instrumentos al servicio de la humanidad, no simplemente como dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la productividad laboral, en la generación y conservación de conocimientos, así como sus aplicaciones prácticas.
En la propuesta presidencial, en la que también se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de Ley de Planeación, se señala que el nuevo consejo, seguirá siendo un organismo descentralizado del Estado Mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión bajo su propia normatividad.
Actuará como entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada para articular las políticas públicas del Estado en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, y se consolidará como articulador del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expone que la Ley tiene por objeto coadyuvar a garantizar el derecho humano a la ciencia, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
En la exposición de motivos, se señala que en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la política en la materia aterrizó en el fomento a la vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica público con las empresas del sector privado; el financiamiento público a través de fideicomisos y transferencias financieras hacia empresas privadas, entre otros con la imposición de criterios elitistas y de evaluación productivista en el Sistema Nacional de Investigaciones, así como la renuncia del Estado a obtener y conservar como bienes públicos y sociales, los avances en la innovación y la ciencia financiada con recursos públicos, mediante el abandono de la propiedad intelectual resultante.
Señala que el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular en universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculado a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas.
Por ello ahora, el Consejo Nacional contará con un órgano de vigilancia integrado por una persona Comisaria Pública, designada por la Secretaría de la Función Pública, así como un Órgano Interno de Control y un Órgano Interno Consultivo.
Con información de Jorge Almaquio García y Elia Castillo
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