El día de hoy, viernes 04 de noviembre, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la inauguración del Taller Interinstitucional denominado: “El Impacto de la Desaparición Forzada de Personas. Una Perspectiva desde el Sistema de Justicia Penal”.
En dicho evento, se contó con la participación del Mtro. Carlos Alpízar Salazar, Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, del Magistrado Constancio Carrasco Daza, Titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como de la Dra. Sara Irene Herrerías Guerra, Fiscal Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, y diversas Juzgadoras y Juzgadores del Poder Judicial de la Federación.
Este taller es un logro del trabajo conjunto entre la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República, en el que prevaleció el intercambio de ideas y experiencia que permitieron proponer soluciones para combatir el delito de desaparición forzada de personas a partir del entendimiento del impacto que causa dicha violación tan grave a derechos humanos.
En representación del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el Mtro. Carlos Alpízar Salazar, dirigió unas emotivas palabras en donde destacó el daño que el delito de desaparición forzada ha generado en nuestro país, señalando que de acuerdo a información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, al día de hoy existen aproximadamente 107,046 personas desaparecidas, y que de acuerdo a los datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal al 30 de septiembre de 2022, existen 187 procedimientos penales ya judicializados por delitos en materia de desaparición forzada, lo que es fruto de los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación en coordinación con la Fiscalía General de la República.
Además, en su emotivo discurso hizo énfasis en los retos que aún deben enfrentarse, tanto jurídicos como prácticos, incluyendo su prevención, investigación y la correcta impartición de justicia, así como la exhaustiva capacitación del personal que interviene en el procedimiento penal, para la efectiva materialización del debido proceso.
En esa línea de pensamiento, reconoció que el impacto de este delito no es una cuestión que deba entenderse únicamente a partir de una perspectiva estrictamente jurídica, sino que “la desaparición forzada de personas implica una forma de sufrimiento tanto para las víctimas, muchas veces torturadas, y para sus familiares como víctimas indirectas, quienes muchas veces no logran recibir respuesta sobre el paradero de sus seres queridos, con lo que se transgrede su derecho humano a conocer la verdad”.
Así, el Mtro. Carlos Alpízar Salazar, acompañado del Magistrado Constancio Carrasco Daza y la Fiscal Sara Irene Herrerías Guerra, recordó al público en general que es el propio Estado, en sus tres niveles de gobierno y conforme a sus atribuciones, quien tiene la obligación de garantizar el debido proceso para que, tanto a las víctimas directas como indirectas, les sean reestablecidos y respetados sus derechos humanos en aras de velar por una reparación integral del daño.
Finalmente, retomó y parafraseó las palabras del Ministro Presidente, Arturo Zaldívar en el sentido de enfatizar o siguiente: “No busquemos que solo se persiga a las y los pobres sino que se haga justicia en todo México y que siempre llegue la justicia a los más necesitados”.