EVITARÍA LA SATURACIÓN EN LAS PRISIONES

La SCJN analizará el cambio en la prisión preventiva oficiosa sin atentar contra la Constitución

El abogado constitucionalista, Francisco Burgoa aseguró que el proyecto pretende hacer un cambio semántico a la norma legal para así evitar que esta dinámica siga aplicándose en automático

NACIONAL

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Este modelo de justicia ocasiona que varias personas pasen incluso años en prisiónCréditos: Cuartoscuro

El nuevo proyecto en torno a la modificación de la prisión preventiva oficiosa en México por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá si se anula el carácter automático de esta medida en los casos de detenciones, así lo informó el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group. 

Destacó que esta iniciativa juega con el modo y no de fondo, ya que no cambia la Constitución, pero se puede cambiar el mecanismo semántico con el cual se podría permitir que las personas deban ser sometidas a una evaluación para que se determine si es necesario que esté tras las rejas. 

"Tiene que leerse como no automático y por lo tanto, tenga que llevarse a cabo una audiencia"

Este cambio podría ayudar a salir de prisión a diversas personas que están tras las rejas.

Destacó que si el Congreso decide aumentar la lista de los delitos de alto impacto puede ocasionar que más personas sean llevadas a prisión sin tener un juicio o una sentencia, lo cual seguirá vulnerando los derechos de la población que es sujeta a una acusación penal. 

"Atenta contra la libertad personal, el debido proceso y también la presunción de inocencia", dijo.

Desde inicios del siglo pasado, la prisión preventiva oficiosa se ha usado como la norma en la mayoría de las detenciones en las que hay delitos de alto impacto. El experto aseguró que esta estrategia ha llevado a miles de personas en el país a ser sometidas a la cárcel sin que se haya mostrado la evidencia en su contra, lo cual debe cambiar. 

La Corte tiene en sus manos el análisis de esta medida que impacta a miles de vidas en el país. 

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