Familiares de desaparecidos e integrantes de colectivos de víctimas urgieron al Congreso de Guerrero aprobar la Ley estatal en Materia de Desaparición de Personas, y que destine para su aplicación “un presupuesto suficiente que permita hacerla operativa”.
En un comunicado firmado por once colectivos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa, municipios con las cifras más elevadas en desaparición, exigieron a las y los diputados no retrasar la discusión de la iniciativa presentada ayer ante el Pleno del Congreso, con la que se homologaría la Ley General de Desaparición Forzada vigente.
“La desaparición forzada en México ha sido una práctica recurrente y Guerrero fue una de las primeras entidades en las que se empleó esta estrategia para eliminar a aquellos considerados como adversarios y oponentes a los intereses de los poderosos”, señalaron en el documento.
Recordaron que tan solo durante el periodo de la llamada “guerra sucia”, al menos 600 hombres y mujeres fueron desaparecidas y otras más fueron asesinados por grupos de militares, cuyos casos cinco décadas después “siguen en la impunidad”.
Añadieron que “la crisis de la desaparición en Guerrero sigue lastimando a muchas familias”. En este sentido ejemplificaron que el registro oficial en el estado indica que a raíz de la “guerra en contra del narcotráfico” las cifras en la entidad incrementaron, y casi 4 mil personas son buscadas, pues de 2014 a la fecha 200 personas al año son reportadas como no localizadas.
Enfatizaron que quienes buscan a un familiar se enfrentan a situaciones que “flagelan” su economía, así como los distintos ámbitos de su vida: “El Estado tiene que implementar políticas públicas para hacer frente al flagelo que provoca las desapariciones”, expusieron.
La iniciativa busca la creación de un Consejo Ciudadano
Durante la sesión del jueves, la diputada de Morena, Nora Yanek Velázquez Martínez presentó ante el Pleno del Congreso local la iniciativa para crear la “Ley en Materia de Desaparición de Personas”, con la que se atendería la problemática de las personas desaparecidas y sus familias en el estado.
La iniciativa fue suscrita también por su compañero de bancada Alfredo Sánchez Esquivel, así como la legisladora petista Leticia Mosso Hernández. El proyecto de reforma contempla en sus puntos principales que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) deje de depender de la Secretaría General de Gobierno del estado y se convierta en un organismo público descentralizado.
En la iniciativa se contempla que la designación del titular de ese órgano se elija de manera pública, a propuesta de la gobernadora o gobernador en turno y con la aprobación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
También busca la creación de un Consejo Ciudadano que vigile y dé seguimiento a las acciones de las dependencias de seguridad, la Fiscalía y las áreas forenses que realizan trabajos en materia de búsqueda de personas.
Incluye un capítulo especial de Disposiciones Generales en materia de Desaparición de Mujeres, que específica un tratamiento inmediato, confidencialidad, de no revictimización y una investigación con perspectiva de género.
De aprobarse, la nueva Ley homologaría la Ley General de Desaparición Forzada vigente, y sumaría la modificada a las que existen en la misma materia en Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Veracruz y Puebla.
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