El cambio en la forma en la que se obtendrá el padrón electoral en caso de que se apruebe la Reforma Electoral ocasionaría que otra instancia como el INEGI sea la que se dedique a registrar a los mexicanos que pueden votar en el país. Esto, dijo, dejaría en manos del gobierno federal esta función, lo cual tiene varios riesgos, así lo aseguró el exconsejero electoral, Marco Antonio Baños.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para la señal de radio de El Heraldo Media Group, el especialista indicó que históricamente se logró que la credencial del Instituto Nacional Electoral se convirtiera en la cédula de identidad por excelencia dentro del país, pese a que en sus orígenes era considerada como un documento temporal.
Agregó que ha habido varios intentos para emitir otro tipo de documentación para comprobar autenticidad de una persona en trámites oficiales como en el caso de la Clave Única del Registro de Población, pero que al final la identificación más confiable ha sido el INE. Informó que emitir este tipo de acreditaciones es una función del gobierno federal, pero que no se ha permitido este paso por la oposición de los partidos políticos que ven un riesgo en devolver al Estado esta labor.
Durante la conversación, el consejero enlistó los riesgos que puede haber en caso de que se crea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Mayor opacidad
El exfuncionario destacó que si el gobierno se encargara de captar el padrón electoral para elaborar la lista nominal hay una posibilidad amplia para que la opacidad sea la que norme este tipo de trámite.
Destacó que actualmente el Instituto Nacional Electoral cuenta con un protocolo que permite certificar con documentos la existencia de las personas, así como de diversos candados que impiden que haya una suplantación o registro irregular, por lo que no debería de cambiarse la forma en la que se realizan estos procesos.
Inconsistencias en las listas
El experto Indicó que existe un riesgo de que la población no esté representada en la lista nominal de forma adecuada, lo cual podría culminar en que haya subregistro o inclusive que haya personas que se encuentren registradas en varios puntos de la República Mexicana como ocurría en el pasado.
Explicó que el INE ha llegado a un punto de experiencia que ha permitido consolidar un proceso confiable que evita las inconsistencias a la hora de asignar a un votante en su casilla.
Falta de credibilidad
El mayor problema de esto, comentó, podría ocasionar gran facilidad para que la administración en el poder sea acusada de fraudes o de haber cometido irregularidades a la hora de realizar los comicios. Comentó que esto pondría en problemas la credibilidad de la democracia que hay en el país y, por lo tanto, procesos judiciales o manifestaciones en contra de los resultados.
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