El exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, dio una entrevista a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para hablar de los resultados que dio a conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en torno a una supuesta serie de inconsistencias e incongruencias relacionadas con las pruebas derivadas del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Al respecto, el exfuncionario dijo que las autoridades deben ser muy cuidadosas con respecto a estas evidencias y antes de determinar su validez para aportar en el caso, se debe conocer la forma en la que fueron obtenidas. Indicó que se debe conocer si estas llegaron a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso (Covaj) Ayotzinapa con autorización de los dueños de los dispositivos o si hubo una orden judicial para esto.
Podrían anularse legalmente
Si no se puede comprobar que estas pruebas se recopilaron respetando el marco legal, se estaría cometiendo una ilegalidad, aseguró. Por lo tanto, también se estaría cancelando su uso para poder explicar qué ocurrió con los jóvenes que desaparecieron durante el 26 y 27 de septiembre de 2014.
"Lo importante no es el contenido, ni los metadatos, sino el origen, se trata de meros pantallazos", dijo.
Para certificar que los chats de WhatsApp que han sido acumulados por el Covaj, dijo, no basta con tener capturas de pantallas de los celulares, sino también determinar si el lenguaje utilizado corresponde a la forma en la que hablaban las personas involucradas en esas fechas, que estos también correspondan a sus dispositivos y demás elementos que deben ser sometidos a un forense especializado.
Sin embargo, comentó, esta solamente es una de las omisiones que se han hecho en torno con el caso. Aseguró que la labor de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, es coordinar esfuerzos para llegar a la verdad, pero que se ha centrado en señalar a las autoridades anteriores.
El caso está resuelto
Destacó que las autoridades no han hecho nada en contra de las acciones que realizó Omar Gómez Trejo y presuntamente habrían permitido no solo evitar que las acciones que había logrado la Fiscalía de Guerrero dieran fruto, sino que además permitió que se liberaran a varios integrantes de Guerreros Unidos.
"Estaríamos en presencia de diversas conductas de carácter delictivas", dijo.
"Los hizo testigos colaboradores, los volvió sus aliados", dijo.
Indicó que el caso de Ayotzinapa está resuelto desde hace años, pero que tanto el gobierno como el GIEI parecen querer sostener la versión de que no fue el crimen organizado quien asesinó a los jóvenes, sino que fue el Estado quien se encargó de realizar estos crímenes.
Sobre lo que ocurrió con los estudiantes normalistas, dijo que el autor intelectual de su homicidio es el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y el autor material es el cartel criminal de Guerreros Unidos, el cual se habría encargado también de desaparecer los cuerpos de los jóvenes.
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