A partir del próximo 7 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación (PJF) normalizará sus actividades en todo el país e incorporará los ajustes necesarios para recuperar al 100%, la operatividad en condiciones óptimas y seguras para todas las personas servidoras públicas y justiciables.
La decisión se tomó en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el marco de la “nueva normalidad”, y luego de que culminó un largo proceso interno de revisión y adecuación de los avances tecnológicos y de gestión desarrollados durante la contingencia por Covid-19.
Los integrantes del Pleno acordaron abrogar los acuerdos de contingencia sanitaria para regularizar las actividades en todos los órganos jurisdiccionales, a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales desarrollados por el Consejo para garantizar la eficacia y eficiencia en la labor correspondiente.
Garantizan que con las medidas, se reafirma su compromiso con una justicia más ágil y cercana a la gente, y aprovecha la regularización de actividades para dar un paso firme hacia el uso de las tecnologías para mejorar el quehacer jurisdiccional y reducir drásticamente la generación de papel.
Entre los principales beneficios del Acuerdo General destaca la eliminación del esquema de citas para la consulta de los expedientes y fortalece la provisión de equipos de cómputo a los órganos jurisdiccionales para facilitar su consulta electrónica por parte de las personas justiciables, incluyendo a quienes acuden físicamente a los centros de atención.
Promueve el uso del expediente electrónico, como eje rector de la actuación judicial, con la finalidad de reducir el consumo de papel y demás insumos al eliminar, casi en su totalidad, la generación de documentos físicos.
Elimina los libros físicos para el control de expedientes, reconociendo que la estadística y las visitas de inspección partirán exclusivamente de la información capturada en los sistemas electrónicos del CJF.
También otorgan competencia a todos los órganos jurisdiccionales del país para desahogar diligencias mediante videoconferencias, sin necesidad de solicitar auxilio o intervención de órganos en otras sedes.
Finalmente, reconocen a la Comisión Especial, de manera permanente, como un mecanismo eficiente y expedito, para la atención y seguimiento a situaciones de emergencia pública que pudieran afectar la integridad de las personas servidoras públicas y justiciables.
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