El gobierno mexicano pide a la Corte de Tucson, Arizona, sanciones penales y económicas para las cinco armerías en Estados Unidos a las que demandó por vender armas de fuego que han sido utilizadas por grupos criminales para cometer homicidios y delitos graves en México.
De acuerdo con la demanda presentada por el gobierno mexicano -la segunda de este tipo que presenta en Estados Unidos- solicita al tribunal estadounidense emitir una orden judicial contra cada demandado para que tomen las medidas y acciones necesarias para mitigar el daño que han causado y el que podrían generar en el futuro, de continuar con esta conducta.
“Les comparto el texto de la demanda presentada en Arizona en contra de 5 empresas que vendieron armas utilizadas para cometer delitos graves y homicidios en nuestro país. Solicitamos a la Corte imponga las sanciones penales indispensables”, publicó este martes por la noche el canciller Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter.
En el documento, se pide al juez establecer un monto que las empresas tendrán que pagar al gobierno mexicano para reparar el daño causado en México por las armas que venden, la cual se determinará durante el juicio.
Además, que se designe a un supervisor para cada empresa -cuyos honorarios los debe cubrir la misma- para que vigile sus prácticas de venta, y que, además, el juez emita medidas cautelares contra cada demandado, en la que se obligue a cada empresa a crear e implementar estándares suficientes para monitorear y modificar sus prácticas de venta.
Como parte de las medidas cautelares, los demandados deberán financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos centrados en la prevención del tráfico ilegal de armas.
“Emitir un mandato judicial contra cada demandado en el que se exija tomar todas las medidas necesarias para mitigar el daño actual y futuro que su conducta está causando y causaría de otro modo en el futuro en México”, indica el documento.
También se solicita al juez que exige a cada demandado que devuelva los ingresos y las ganancias que haya obtenido por dichas prácticas ilícitas.
Además, que cada empresa pague al gobierno mexicano los gastos que sufragó por la demanda, incluidos los honorarios de los abogados.
"Imponer las medidas adicionales que el caso requiera y el tribunal considere apropiado”, señala.
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dhfm