La audiencia del excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, se aplazó para el próximo 14 de febrero debido que el juez de control a cargo dio positivo a Covid-19.
La Fiscalía General de la República (FGR) tenía previsto, por cuarta ocasión, formularle imputación al panista por el presunto soborno que recibió para aprobar la reforma energética. La audiencia estaba programada a las 9:00 horas del próximo 31 de enero, pero fuentes cercanas al caso informaron a El Heraldo de México que la defensa fue notificada de que el impartidor de justicia pidió licencia médica.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control, ordenó el pasado 8 de noviembre que Ricardo Anaya compareciera físicamente en esta audiencia y, de no hacerlo, la FGR puede optar por algún recurso legal para llevarlo a proceso.
En días pasados se registró un aumento de contagios de COVID-19 entre el personal del recinto judicial.
Incluso, durante la audiencia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el juez Artemio Zúñiga Mendoza señaló que el 30 por ciento de los empleados del centro de justicia se han contagiado, por lo que ese diligencia se realizó por videoconferencia y solo estuvieron presentes el imputado, su abogado, la auxiliar de sala y algunos medios de comunicación.
Caso de Ricardo Anaya
El caso de Ricardo Anaya deriva de la denuncia realizada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, donde señala a legisladores de la oposición de haber recibido sobornos de la compañía Odebrecht para apoyar la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En noviembre pasado el abogado de Ricardo Anaya solicitó al juez aplazar la audiencia pues la carpeta de investigación contaba con 137 mil hojas y requerían de más tiempo para revisarla, algo que aprobaron y se habría pospuesto para este lunes 31 de enero.
Ricardo Anaya ha reiterado que las acusaciones en su contra son falsas, sin embargo, en la investigación señalan que habría recibido 6.8 millones de pesos para votar en favor de la reforma impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
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