Ante el aumento de contagios por la nueva variante Ómicron, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alertó a trabajadores y empresas que es ilegal obligar a los empleados a pagar de su bolsillo por hacerse pruebas de COVID-19, para acceder a sus centros laborales.
La dependencia federal, a cargo de Luisa María Alcalde, lanzó una comunicación general, en la que precisa que de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es "ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo".
La STPS aclaró que en ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores.
"A la comunidad trabajadora, le recuerda la importancia de no acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, para no ser un riesgo de potencial de contagio para otras personas", expuso la dependencia federal.
Incluso, la STPS proporcionó el número telefónico 800 717 29 42 y la página web http://procuraduriadigital.stps.gob.mx/ para orientación o presentar una queja.
La Secretaría del Trabajo también indicó que la Declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor no justifica separar o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo.
"Ante el COVID-19, el diálogo y la concertación deben ser la vía para alcanzar acuerdos favorables tanto para asegurar la viabilidad de las empresas como para conservar las fuentes de empleo", precisó.
La STPS y la PROFEDET abren el sitio web para dar seguimiento a las afectaciones laborales en el marco de la emergencia sanitaria; brindar asesoría jurídica a los trabajadores afectados, pero sobre todo para facilitar la construcción de acuerdos que ayuden a que todos, trabajadores y empresas, salgamos adelante.
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