El Gobierno de la Ciudad de México deberá entregar tres mil 696 pesos mensuales, bajo el concepto de ingreso mínimo vital a los capitalinos en caso de “situaciones especiales”, las cuales hacen referencia a cualquier tipo de contingencia o suceso imprevisto se ve afectada gravemente la economía nacional, la ocupación laboral y los ingresos o remuneraciones de las personas.
Estos recursos serán entregados durante tres meses y podría ser ampliado por dos meses adicionales, por lo que obtendrían entre 11 mil y 18 mil 480 pesos en pro de la familia.
Así lo proponen, la Asociación Ciudadana -conformada por los legisladores de Movimiento Ciudadana, Royfid Torres y del PAN, Daniela Álvarez- a través de una iniciativa para expedir la Ley del Ingreso Mínimo Vital y adición a la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la ciudad.
Señalaron que el presupuesto de esta acción podría salir del rubro transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas , que contempla recursos por 54 mil 891 millones 786 pesos.
De acuerdo al documento, las “situaciones especiales” serán definidas por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación y a partir de las recomendaciones e información que formulen el Consejo de Evaluación y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Asimismo, el Consejo vigilará y evaluará los procesos de transferencia bancaria del Ingreso Mínimo Vital para evitar el mal uso del programa
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México contará con un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir y publicar las Reglas de Operación del Ingreso Mínimo Vital para la Ciudad de México.
Mientras que, el Ejecutivo de la Ciudad de México, en un plazo de 10 días enviará al Congreso de la Ciudad de México la propuesta de adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación y la suficiencia financiera del programa al encontrarse el país en una situación especial derivada de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19.
Esta propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Planeación del Desarrollo para su análisis y dictaminación.