La falta de recursos del gobierno de Colima no sólo ha dejado a 12 mil trabajadores, pensionados y jubilados sin salario, el cual se paga con recursos de la federación pero llega con varios días o semanas de retraso, sino que también impide brindar los servicios más básicos como la seguridad.
Policías estatales denunciaron a través de redes sociales que por falta de gasolina, los vehículos no están saliendo a patrullar en Manzanillo y Tecomán, dos de los municipios más violentos del país, por el alto número de homicidios dolosos que se registran.
Asimismo se informó que desde el miércoles por la mañana también se comenzó a parar las patrullas en la capital del estado, por esta situación.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, confirmó, con base en lo que le han dicho el Ejecutivo estatal, que ya no hay dinero para gasolina, energía eléctrica, mantenimiento de los edificios y del equipo.
Explicó que los pocos recursos que tienen, son tomados en cuenta por el gobierno federal para completar el pago de las quincenas, además de verificar que dicho dinero no sea destinado a nada más, ni siquiera para estos gastos esenciales.
“Sí hay un problema de riesgo de inseguridad y grave, ya lo dijeron en un comunicado, que a parte del impago también están sin insumos en todo el estado, porque están destacamentados a nivel estatal”, indicó el líder sindical.
Elementos policiacos confirmaron que ocho días después de la quincena e irse a paro de labores por alrededor de dos horas, este miércoles les comenzaron a pagar.
Pero además de los retrasos de la quincena, les deben la prima vacacional, el retroactivo del aumento salarial del 1 de enero a la fecha, el pago del ajuste de calendario correspondiente al año en curso y sobre todo exigen que los regresen a la modalidad 10 del Seguro Social.
Situación similar de impago se vive en la Fiscalía General del Estado, dependencia que dejó de recibir las ministraciones mensuales del gobierno estatal, dejándolos sin recursos para el pago de la Policía Investigadora, ministerios públicos, peritos, psicólogos y personal administrativo.