Tras celebrar la despenalización del aborto que esta tarde determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la profesora invitada de la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctora en Ciencia Política, Sarah Patricia Cerna Villagra consideró que la decisión unánime de los ministros y las ministras es un triunfo de la lucha feminista vista con perspectiva de los derechos humanos y, sobre todo, que termina con el lucro criminal y salvaje del clandestinaje que ha cobrado innumerables víctimas en lugares insalubres.
“Es un impacto sumamente importante para toda la conquista que han tenido los movimientos de mujeres feministas en el país. En el corto plazo será descriminalizar a muchas mujeres, que tengan la opción de decidir sobre sus cuerpos, ya dejamos esa tutela que antiguamente se había construido respecto a las mujeres y sus cuerpos”, expresó.
La también ex maestra de Estudios de Género en el Colegio de México (Colmex) y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que la SCJN actuó con una perspectiva científica, de derechos humanos y de política pública para garantizar a una mujer que decida no ser madre las condiciones legales y de salud pública, “tiene que ver no solamente desde la cuestión bioética que a veces se manipula desde el punto de vista religioso, porque a pesar de que somos un Estado laico hay una carga muy fuerte del lobby religioso, no solamente católico”, indicó.
Cerna Villagra señaló que la Corte ha dado muestra de cómo el Estado Mexicano saca el tabú y garantiza a las mujeres su derecho a decidir y los ministros consideraron las situaciones de pobreza y de violencia, de nulo acompañamiento en educación sexual, de matrimonios infantiles y otros factores.
En ese sentido, la académica y activista feminista de origen paraguayo lamentó que durante tantos años se haya desarrollado el “mercado” clandestino de clínicas y lugares donde se practicaba el aborto de manera clandestina y en condiciones insalubres para miles de mujeres, sobre todo de aquellas entidades donde se criminalizaba la interrupción del embarazo y que tenían que trasladarse a otros estados del país para hacerlo.
“En una cuestión de clandestinidad que termina victimizando a las mujeres, criminalizándolas y sobre todo lucrando cuando justamente es el Estado el que tiene que garantizar y en la lucha de fondo que no mueran más mujeres en la clandestinidad por algo que podría haberse tratado de otra manera. Al pie de la lucha está mujeres pobres, mujeres jóvenes, mujeres indígenas, que son las principales que caen en estas redes lucrativas”, apuntó.