Denunciar actos de corrupción gubernamental a través de una plataforma por parte de los propios funcionarios o de personas externas es inviable, toda vez que los reportes recibidos hasta ahora son escasos y poco claros, aseguró Ángela Aidé Colmenares Pacheco, abogada asociada del bufete jurídico Martínez Ocampo & Chávez Vaca SC, al referirse a la plataforma implementada recientemente por la Secretaría de la Función Pública.
La especialista en delitos de cuello blanco y en combate a la corrupción consideró que la escasa participación pública revela que la fórmula para que los ciudadanos se acusen unos a otros resulta además poco confiable y no ayuda a superar el tema de la corrupción en los esquemas gubernamentales.
En ese sentido, Ángela Aidé Colmenares Pacheco consideró que lo mejor es que los órganos de carácter administrativo y jurisdiccional encargados de combatir la corrupción en la administración pública federal o local se mejoren, se reestructuren y no estén supeditados al poder político.
En el mismo sentido, expuso que este método de denuncia puede levantar suspicacias acerca de que se use con fines políticos, por lo que lo mejor sería que si los ciudadanos tienen pruebas de actos de corrupción, hagan la denuncia pertinente ante las autoridades jurisdiccionales o las que correspondan para que se actúe conforme a derecho.
Asimismo, explicó que para este tipo de fenómenos, el Compliance gubernamental representa una herramienta útil para resolver problemas de índole administrativa y económica, ya que ayuda a prevenir actos de corrupción.
Se trata de un esquema que ha comenzado a implementarse en el ámbito de la administración pública municipal, ya que permite identificar y clasificar los riesgos operativos, así como proteger las finanzas y otros ámbitos sensibles a la corrupción, la falta de integridad y comportamientos no éticos, aseguró la especialista.
Asociada de Martínez Ocampo & Chávez Vaca SC, despacho encargado de implementar el Compliance en todos los órdenes de gobierno, consideró que esta es una de las herramientas más efectivas, integrada por un conjunto de procedimientos, aplicaciones y buenas prácticas, que tiene la finalidad de estipular las normas y reglas que rigen el actuar de las áreas de gobierno.
“Esta herramienta se convertirá en una necesidad, cuya implementación será prácticamente obligatoria como parte de la estrategia y de las estructuras internas de los gobiernos, con la finalidad de dar cumplimiento a los preceptos legales que el Estado les impone, o bien, para protegerse ante situaciones de riesgo, así como de la mala actuación de funcionarios que se desenvuelven en cargos que pondrían en serios problemas la estabilidad económica de los gobiernos”, expresó.