Diez migrantes hondureños, entre ellos tres menores de edad, quienes pretendían ser transportados a bordo de dos automotores en el municipio de Tepotzotlán; fueron auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de México.
Durante el desarrollo del operativo Argos, implementado en zonas de riesgo, el personal de seguridad también detuvo a dos posibles responsables.
La dependencia informó que los hechos ocurrieron sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 43+ 500, en el Barrio Texcacoa, donde al exterior de un estacionamiento, los oficiales observaron dos vehículos, un Chevrolet Aveo, color vino, y una camioneta, color blanco, marca Suzuki, tipo Ertiga.
Los elementos de la SS se percataron que varias personas descendieron y con actitud inusual trataron de retirarse, por lo que a fin de corroborar que todo estuviera en orden, efectuaron una inspección preventiva.
Al concluir la revisión, confirmaron que eran siete adultos y tres menores de edad, originarios de Honduras, los cuales refirieron que dos sujetos eran los responsables de trasladarlos.
De manera inmediata, los oficiales se acercaron con los individuos señalados, identificados como Ricardo "N" y José "N" de 32 y 29 años de edad, respectivamente, quienes ofrecieron la cantidad de 15 mil pesos, a cambio de evitar su aprehensión.
"Además manifestaron que era el dinero entregado por sus jefes, destinado a utilizarse en caso de ser interceptados por autoridades de seguridad".
"Luego de negarse rotundamente al soborno y previo a llevar a los extranjeros con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), efectivos estatales solicitaron apoyo de paramedicos de Protección Civil municipal, a fin de valorar a las y los centroamericanos".
Además les entregaron agua y alimentos para salvaguardar su integridad.
En seguimiento al protocolo de actuación, los uniformados leyeron los derechos que otorga la ley, a los posibles implicados, quienes fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tlalnepantla, donde determinarán su situación jurídica.
DRV