El Gobierno de México presentó ayer una demanda civil de daños ante una corte de Boston, Massachusetts (Estados Unidos) en contra de varias empresas fabricantes y vendedoras de armas, "que están vinculadas a la violencia que vive hoy y durante el siglo XXI, el incremento de la disponibilidad de armas llevó a un incremento en los niveles de violencia en el país" señaló el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que con ello se busca la reparación del daño y que las empresas abandonen su negligencia e irresponsabilidad. "Presentamos una demanda civil de daños. (...) México quiere que las empresas demandadas compensen al gobierno de México los daños causados por sus prácticas negligentes, el monto por esa negligencia será determinado en el juicio," explicó Ebrard.
Como respuesta a la demanda, la Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF) rechazó estos procedimientos legales y las acusaciones de tráfico transfronterizo al por mayor, que consideró “son evidentemente falsas” ya que, afirmó, todas las armas de fuego que se comercializan al por menor dentro de EU se venden de acuerdo con las leyes federales y estatales, bajo el escrutinio del FBI, de acuerdo con lo que dieron a conocer en un comunicado.
¿Cuál es el origen del litigio legal entre México y las empresas de armas?
El Gobierno de México acusa a las empresas fabricantes de armas estadounidense de tráfico transfronterizo de armas al por mayor y las responsabiliza del incremento en el crimen dentro de las fronteras, acusaciones que ha negado Lawrence G. Keane, vicepresidente de NSSF. En el comunicado emitido el día de ayer también la Asociación Industrial del Comercio de las Armas destaca que la actividad criminal de México es resultado del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado.
"Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público", se señala, y considera la demanda como una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses "respetuosos de la ley a poseer y portar armas".
El origen de este litigio, que ahora ha enfrentado al gobierno mexicano con su par estadounidense, se remonta a uno de los sucesos más violentos que se han registrado en años recientes en Estados Unidos, la balacera registrada en un centro comercial de El Paso, Texas, que dejó al menos 22 muertos, 8 de ellos de origen mexicano. El tiroteo, que culminó con una masacre, ocurrió en el estacionamiento y el interior de una tienda WalMart, localizada en el Cielo Vista Mall, un área muy transitada durante los fines de semana.
Aquel domingo 3 de agosto un atacante solitario comenzó a disparar contra la gente que se encontraba allí realizando compras; decenas de familias habían acudido para comprar materiales para el inicio del siguiente curso escolar, entre ellos muchos mexicanos. Además de los 22 muertos, 26 personas, entre ellos numerosos niños, resultaron con heridas se armas de fuego. El atacante finalmente fue detenido por policías de El Paso en la misma tienda y se le identificó como afín a movimientos nacionalistas blancos y racistas.
Ebrard consideró el ataque como "terrorismo" en contra de mexicanos
El tiroteo es considerado el octavo más mortal en la historia moderna de Estados Unidos. En aquel momento el canciller Marcelo Ebrard calificó el suceso como “terrorismo” en contra de mexicanos en territorio estadounidense. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a Marcelo Ebrard fijar la postura de México, con “mucha responsabilidad”, a pesar “del dolor y la indignación”.
“Nuestro abrazo, nuestra sincera solidaridad para los familiares de las víctimas. Hemos estado pendientes desde que sucedieron estos casos lamentables, hemos estado al tanto, he estado dando instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, y al cónsul que tenemos en El Paso, Texas, ya se avisó a los familiares, se le pidió también a los gobernadores de donde son originarios las víctimas, que se ayude en todo, en estos momentos difíciles”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Michoacán, horas después de la masacre.
Ricardo Monreal dio pleno respaldo a las acciones del gobierno de México
El presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, aseguró que los senadores han avalado las decisiones tomadas hasta ahora por el Gobierno de México: "Es oportuno y es correcto, nosotros avalamos la decisiones que se han tomado por el Gobierno Mexicano y el seguimiento puntual que le ha dado el canciller, Marcelo Ebrard, es una buena noticia para México y la justicia internacional. Y para frenar esta tragedia que nos envuelve de inseguridad, del clima de la violencia," destacó.
Ricardo Monreal Ávila, felicitó al canciller Marcelo Ebrard y a sus colaboradores por la denuncia presentada. "Felicito a los colaboradores de, Canciller y todos los que han hecho posible esta demanda, y que esta mañana se haya presentado esta demanda de carácter civil en Boston (...) Enhorabuena para México", destacó Ricardo Monreal.
Este paso que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enfatizó Monreal, no tiene precedente en la historia del país: una demanda interpuesta contra las armadoras o productoras de armas en los Estados Unidos, y la asesoría de dos despachos que le darán seguimiento al litigio.
Es un litigio estratégico
Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de México, señaló que se trata de un litigio estratégico, y que se encuentran preparados para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados. Se informó que México busca conseguir compensación ya que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras, sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país, se informó.
Celorio Alcántara destacó que "es un ejemplo de practica negligente, es un derecho constitucional de los estadunidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicanos, que tiene un estricto control de la compra de armas, sino es con la autorización de las autoridades correspondientes”, detalló. Esa es la razón por la que se realizó la demanda en territorio estadunidense, "con el fin de que las compañías se puedan defender en su propia idioma y bajo su legislación", concluyó.