El 1 de diciembre del año 2000 México recibió una esperanza en manos del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, quien se convirtió en el primer presidente emanado de otro partido que no fuera el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en más de 70 años, abriendo no sólo la puerta para la alternancia sino también para un cambio anhelado por millones de personas en México.
Durante su mensaje de toma de posesión destacó una frase que años después le pasaría factura.
“El Presidente propone y el Congreso dispone''
El entusiasmo poco a poco se diluyó al paso de su sexenio y alcanzó su punto álgido en el último año de gestión cuando en el marco de su sexto informe de gobierno y con los ánimos caldeados por las elecciones de 2006, ya no pudo rendir su informe ante el pleno del Congreso, solo entregó el documento, salió del recinto y emitió un mensaje que duró menos de dos minutos, sin saberlo, se había convertido en el último presidente de la república (hasta el momento) que rindió cuentas ante el Congreso de la Unión.
Un año después Felipe Calderón acudió al Congreso, espero pacientemente en la tribuna de San Lázaro para emitir un mensaje ante los legisladores y ya no fue posible, desde entonces se canceló ese ritual denominado en la mejor época priista como el ‘Día del Presidente’.
A partir de entonces, los mandatarios federales envían el documento del informe al Congreso de la Unión en manos del secretario de Gobernación (Segob), quienes toman nota de recibido y es todo, ya no hay mensaje presidencial ahogado entre porras y vítores de los diputados afines al presidente como en la mejor época tricolor o mensajes de interpelación como sucedió en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
En los últimos tres sexenios, tanto Felipe Calderón Hinojosa, como Enrique Peña Nieto y actualmente, Andrés Manuel López Obrador, entregaron el informe a la mesa directiva de San Lázaro y se retiraron para emitir un mensaje con sus logros de gobierno frente a su gabinete e invitados especiales.
¿Cuál es la historia que guarda la rendición del informe?
A partir de 1824 en la Constitución se estableció por orden jurídica que los funcionarios deberían dar cuenta de su administración, con excepción del presidente de la república.
Sin embargo, en 1857 se llevó a cabo el cambio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Presidente de la República acudiera al Congreso para emitir un discurso sobre el estado que guarda la nación y de frente a los ciudadanos.
De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, cada año, el 1 de septiembre, durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el presidente debe presentar un informe por escrito “en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.
El primero en presentar el informe fue el presidente Guadalupe Victoria el 1 de enero de 1825, en aquella ocasión el presidente Victoria no estaba obligado a hacerlo, sin embargo, acudió por iniciativa propia ante el Congreso y con un informe breve de pocas cuartillas para lo que debería ser un documento detallado sobre el estado que guardaba la nación.
A lo largo del siglo XIX y con la dictadura de Porfirio Díaz, el informe fue un mero trámite, un mensaje corto aderezado por una oda de buenos deseos y aplausos de los invitados (entregó 61 informes), el protocolo de lisonjas se rompió en 1910, un par de meses antes del levantamiento armado que dio origen a la Revolución Mexicana. El presidente Díaz aseguraba que había confianza en el porvenir, pero también externó su preocupación por ‘acontecimientos impredecibles’
Aseguraba una "confianza sólidamente fundada en el porvenir, pero también que algún acontecimiento impredecible podría enturbiar ese futuro"
No se equivocó, su destitución fue inminente y entonces se abrió una nueva etapa con el presidente Francisco I. Madero, etapa que finalizó más pronto de lo esperado con el asesinato del mandatario y la toma del poder de Victoriano Huerta.
Una vez que pasó la turbulencia revolucionaria, el presidente Venustiano Carranza, instauró en su gobierno la fecha del 1 de septiembre de cada año para la rendición del informe presidencial, fecha que se mantiene hasta nuestros días. En el artículo 69 (citado párrafos arriba) no se específica que el mandatario esté obligado a pronunciar un discurso, simplemente se le pide que rinda un informe por escrito.
Tiempo después a finales de los años 20 apareció en el horizonte el Partido Nacional Revolucionario (PNR), encabezado por Plutarco Elías Calles, el objetivo del partido era aglutinar al sistema político mexicano y concentrar el poder emanado del movimiento revolucionario, en el periodo conocido como ‘El Maximato’.
El control y desarrollo del partido continuó hasta que a mediados de los 30 los ánimos subieron de tono entre Calles y el General Lázaro Cárdenas, quien decidió romper con ese esquema y desmarcarse, dando paso al presidencialismo.
A partir de entonces se inauguró un periodo de estabilidad en el que el Congreso y el titular del poder ejecutivo estuvieron a tono, desde entonces y hasta 1997, el informe se convirtió en un acto de golpes en la espalda y criticas menores. Un caso anecdótico fue protagonizado por el presidente Abelardo L. Rodríguez quien emitió el ‘mensaje administrativo’ más largo del que se tiene registro, duró siete horas y media.
El general Lázaro Cárdenas también dio muestras de querer cambiar el estilo del informe cuando en 1936 decidió hacer masivo el informe y dio las órdenes para que su mensaje fuera transmitido por radio a nivel nacional. En tanto, el mandatario Miguel Alemán Valdés fue el primero en aparecer en la televisión comercial mientras rendía su cuarto informe de gobierno.
Un cambio radical surgió en el cuarto informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968, un mes antes de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el mandatario profirió una de las frases más polémicas dichas por un presidente de México.
“Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo”
Años después en el sexenio de José López Portillo, la debacle económica de México era una realidad, los excesos por la supuesta bonanza petrolera no llegaron y en cambio el peso mexicano se devaluó 72 por ciento, llegando a los 46 pesos por dólar, cuando en el periodo presidencial previo de Luis Echeverría, la moneda mexicana estaba en 22 pesos.
Pero eso no importó, las lágrimas del presidente y un discurso plagado de buenos deseos pero de pocas acciones, logró cifra récord de aplausos entre los legisladores, 40 minutos de aplausos, algo impensable ante la crisis grave que estaba pasando México.
En los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, no hubo mayores sobresaltos, salvo la réplica del diputado Porfirio Muñoz Ledo en el último informe de gobierno de De la Madrid, el protocolo se mantuvo intacto a pesar de las crisis de 1986 por el terremoto en México, además de la económica y de 1994 por el levantamiento zapatista en Chiapas y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC).
La transición del 97 al veto legislativo diez años después
El informe presidencial se caracterizó durante la mayoría del periodo hegemónico priista como una especie de ‘reconocimiento’ al trabajo del mandatario, dejando de lado la crítica y preguntas sobre los problemas que no se habían resuelto durante su gestión, una ceremonia protocolaria distinguida y finalizada con una reunión entre los más cercanos al poder, al grado de que ahí se acuñó la famosa frase de “el que se mueve no sale en la foto”.
Los tiempos cambiaron con la reforma política de 1997 cuando el partido tricolor perdió por primera vez el control del Congreso y entonces tuvo que ‘ceder’ la respuesta al informe del presidente a la oposición, siendo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el primero que externó lo siguiente:
“A partir de hoy, y esperamos que para siempre, en México ningún poder quedará subordinado a otro y todos serán garantes de los derechos ciudadanos, de la fortaleza de las instituciones y de la integridad y soberanía del país”.
Era la segunda vez (la primera había sido en el sexenio de Miguel de la Madrid en voz de Porfirio Muñoz Ledo) que un mandatario de extracción priista escuchaba de viva voz los reclamos de sus opositores y de los ciudadanos que votaron por esos mismos legisladores, anteriormente y ante la avasalladora mayoría oficialista, las respuestas se convertían en elogios y aplausos rimbombantes, sin importar que dentro del mensaje de gobierno, se externaran rezagos y problemas complicados y que merecían la atención del ejecutivo para resolverlos.
Un año después el panista Carlos Medina Plascencia tuvo en sus manos la réplica ante el informe de Zedillo, el presidente acudió a la cita y recibió sin mostrar molestia alguna la respuesta del presidente del Congreso.
“El Honorable Congreso de la Unión, por mi conducto recibe de usted el documento que dice contener el estado que guarda la Administración Pública Federal… es momento propicio para recordar a usted, ciudadano Presidente, su compromiso formal públicamente expresado y hasta hoy incumplido, de mantener con esta Legislatura, una comunicación fluida y permanente”.
Sin saberlo, Medina Plascencia forjó el primer paso para que en el futuro cercano la alternancia en el poder fuera por fin visible, un año después el panista Vicente Fox obtuvo el poder y entonces regresamos al principio del texto, tuvo en sus manos el anhelado “cambio” que prometió y se diluyó.
Ahora, el presidente López Obrador entregará por tercera ocasión su informe de la administración que encabeza, en manos del recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López a la Cámara de Diputados, mientras que en Palacio Nacional se rendirá un informe del estado que guarda el país ante su gabinete e invitados especiales.