Apenas corrían los primeros resultados previos de la noche del dos de agosto, día en el que se realizó la consulta popular para enjuiciar a los personajes políticos del pasado (consulta contra expresidentes) y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador ya estaba pensando en cómo se llevaría a cabo el siguiente ejercicio democrático para pedir a la ciudadanía un espaldarazo de cara a lo que sería la recta final de su mandato de seis años y que quizá podría verse truncado si la ciudadanía lo decide.
“En marzo del año próximo, dentro de ocho meses, viene otra consulta, y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie, lo que se conoce como revocación del mandato porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone, es el que quita, es el que manda”, indicó López Obrador en la mañanera del tres de agosto.
En este contexto, tanto el Congreso de la Unión como el Instituto Nacional Electoral (INE) son piezas fundamentales, y tanto el uno como el otro se encuentran en el centro del debate actualmente, por razones distintas pero enfocadas en el mismo tema, la revocación y el dinero para llevarla a cabo.
El INE tiene en sus manos organizar tanto la consulta popular como la revocación de mandato y para ello presentó su anteproyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, sumando los gastos que podría erogar por ambos ejercicios, además de seis elecciones estatales, una de presidencias municipales y otra para renovar un congreso local; además de las prerrogativas para los partidos políticos.
El árbitro electoral proyecta solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto de 24 mil 660 millones de pesos para el 2022, de los cuales cinco mil 821 millones, casi la cuarta parte, son para prerrogativas de los partidos políticos, mientras que los otros 18 mil 827 millones serán para solventar sus gastos y la cartera institucional de proyectos, que incluye la organización de los proyectos mencionados inicialmente.
Sin embargo, para que el INE pueda llevar a cabo la consulta y la revocación, primero debe contar con el aval del Poder Legislativo y por ahora no se ha podido lograr el consenso para obtener la aprobación, ya son varios intentos fallidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Senado para abrir un periodo extraordinario y discutir el tema (les falta un voto).
¿Cuánto necesita el INE para ambos ejercicios?
Ante este panorama y esperando que el ejercicio se pueda llevar a cabo el próximo año, el Instituto solicitó 5 mil 743 millones de pesos.
De acuerdo con el anteproyecto, que se pondrá a discusión de la Comisión Temporal de Presupuesto el próximo viernes 27 de agosto, el INE requerirá 3 mil 830 millones de pesos para la revocación de mandato.
Esto incluye la logística para los 300 distritos de las 32 entidades; un listado nominal de 92.4 millones de personas, 161 mil 490 casillas; la contratación de 5 mil 430 supervisores electorales, así como de 32 mil 421 capacitadores y de 484 mil 470 personas para integrar las Mesas Directivas de Casilla.
Mientras que para la consulta popular, se estima un gasto de 1,913 millones de pesos, pues contemplan una lista nominal igual a la de revocación de mandato; la instalación de 96 mil 591 casillas; contratación 2,055 supervisores electorales; 16 mil 226 capacitadores; selección de 12.01 millones de ciudadanos, así como 289 mil 773 funcionarios de casilla.
¿Qué pasaría si no se concretan jurídicamente ambos proyectos?
El presidente de la Comisión, Jaime Rivera Velázquez, destacó que aunque hasta ahora la Revocación de Mandato y la Consulta Popular, jurídicamente son sólo una posibilidad (por lo suscitado en el Congreso), “el INE tiene que calcular su costo y sumarlo en el presupuesto, y así se está haciendo”.
“Si se diera el caso de que alguno o ambos ejercicios no fueran aprobados, de conformidad con las normas vigentes, el INE devolvería en su momento el importe correspondiente a la Tesorería de la Federación”, especificó.
La Consejera Claudia Zavala Pérez precisó que tanto la Consulta Popular como la Revocación de Mandato se presupuestan conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación vigente y, pese a que no hay una ley secundaria para la revocación, el INE tiene la obligación de hacer una proyección para dar certeza respecto de los recursos.
“Lo que el INE está haciendo hoy, de manera muy responsable, es prever el escenario de organización, en el caso de Consulta Popular acorde con las reglas establecidas ya en la ley vigente y en el caso de Revocación de Mandato, con la proyección de organización que nosotros tenemos frente a la ausencia de una legislación”, dijo Zavala.
El Consejero Ciro Murayama Rendón explicó que el “INE es 7 mil 254 millones de pesos más barato en este año poselectoral respecto a 2021”, lo que representa una disminución presupuestal de casi el 36% en términos reales.
“¿De qué depende que este ahorro de 36% se pueda concretar? De que no ocurran la revocación y la consulta que significan, como ya se ha dicho aquí, un costo de 5 mil 743 millones de pesos”, agregó.
Además, subrayó que, en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el gasto del INE representa un peso de cada 500 pesos del PEF. “Quedan 499 pesos para todo lo demás y es lo que históricamente ha costado la autoridad electoral”, finalizó.