A fin de contar con un órgano autónomo que resguarde la información personal de la ciudadanía, como datos biométricos, firma e identidad, entre otros y que no estén a disposición del gobernante en turno o de los partidos políticos, la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri, propone una reforma constitucional para crear el Instituto Nacional de Población.
A través de una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional, inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del Congreso, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, busca reformas al artículo cuarto constitucional a fin de retirar de las manos del gobierno la información personal de los ciudadanos y que esté a cargo de un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya función exclusiva sea garantizar la máxima protección y resguardo de la identidad de los mexicanos.
En su argumentación, señaló que hoy las principales atribuciones, en materia de identificación personal son delegadas a la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional Electoral (INE) cuya competencia y funciones son ajenas al derecho a la identidad.
Señala que esto, además de complicar de manera innecesaria el ejercicio del derecho a la identidad, genera desconfianza en la población, que duda del debido resguardo que dichas autoridades puedan tener con sus datos personales e información sensible.
“Ante tal situación y para evitar que los datos sensibles de una persona, como lo puede ser su información biométrica entre la que se encuentra su rostro, sus huellas dactilares, su firma y demás datos de identificación, se encuentren a disposición del gobernante en turno o de los partidos políticos, se propone retirar de las manos del gobierno dicha información sensible”, señala la iniciativa.
El documento detalla que el Instituto Nacional de Población sería el encargado de proveer a las demás autoridades e instituciones, únicamente aquella información que sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, lo que, aseguró, garantizará, no solo un acceso restringido que evitará cualquier uso indebido; sino que además le permitirá a la población, simplificar los trámites de gobierno y de instituciones privadas, para los que actualmente se requiere de diversa documentación oficial.
Por: Elia Castillo, Iván E. Saldaña y Misael Zavala
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