La Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, señaló que es tarea conjunta del Estado y la sociedad recuperar y garantizar el proyecto de vida para niñas, niños y adolescentes, tras la pérdida de la figura materna o cuidadora por casos de feminicidio.
Godoy Ramos afirmó que, con todas las medidas de seguridad, siempre habrá la posibilidad de buscar una familia directa o ampliada e incluso, una familia de acogida o preadopción para las niñas, niños y adolescentes en esta situación.
Al participar en la presentación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, resaltó a nombre de todas las personas servidoras públicas que trabajan en la FGJCDMX, el compromiso y la disposición de la institución para colaborar con otras dependencias y organizaciones civiles: “nos declaramos en alerta, atentos y siempre dispuestos a colaborar”, dijo.
Agregó que tanto la Procuraduría Federal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, así como fiscalías y procuradurías de las distintas entidades federativas, en coordinación con el SNDIF, tienen que trabajar mucho más en ese tema.
El protocolo tiene el objetivo de orientar y facilitar la actuación del personal encargado de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, y garantizar su restitución mediante la prestación de servicios legales, médicos y de asistencia social.
La presentación fue encabezada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez; estuvieron presentes la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman Zylbermann; y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís Sámano.
También participaron la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez Martínez; el procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa; y el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), Rafael Guerra Álvarez.
SSB