El conteo preliminar que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, apunta que tras los resultados de la Consulta Popular, el juicio a expresidentes y exfuncionarios del Estado no se llevará a cabo, debido a que no se alcanzó el 40 por ciento de los votos necesarios.
Esto pese a que la mayoría de los participantes respondió afirmativamente a la pregunta que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador y después reformuló la Suprema Corte de Justicia, indicó la consejera electoral Dania Ravel.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
En entrevista con Sergio Sarmiento y Blanca Becerril, la funcionaria aseguró que no se alcanzó el mínimo para que los sufragios fueran vinculantes, por lo que no se podrá formar una Comisión de la Verdad por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo a fin de que se acumulen las pruebas que permitan señalar a los exfuncionarios, tal como se tenía previsto en caso de que se alcanzara la meta.
Con esto, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías locales pudieron haber llevado a cabo las acciones necesarias para la investigación y posible sanción en contra de estos exfuncionarios.
"Desde luego que no con vinculantes, esto no significa que no sea válida", aseguró Dania Ravel, consejera electoral.
La consejera negó que hubiera un boicot en contra de este ejercicio y aseguró que las opiniones en contra de la votación no podían ser bloqueadas por la institución, debido a que estos eran parte de la libre determinación y expresión de quienes las emitieron. Además, aseguró que éstas sirvieron para que las personas evaluaran si debía o no participar en la Consulta Popular.
Calificó también a la jornada como exitosa, debido a que se escuchó la voz de las personas que salieron a las urnas y además se desarrollo un proceso complejo, pese a la poca capacidad presupuestal de la que se dotó al Instituto.
De acuerdo con el INE, solamente del 7.07 al 7.74 por ciento de la población mexicana participó en este ejercicio y quienes lo hicieron lograron que entre el 89-36 por ciento y el 96.28 por ciento votó a favor de que se enjuiciara a los exmandatarios.
¿De qué están señalados los expresidentes?
Carlos Salinas de Gortari, mandatario de 1988 a 1994, ha sido señalado durante años por haber permitido que particulares se quedaran con bienes de la nación y además de haber participado en el presunto fraude electoral que le permitió ganar la Presidencia en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.
Ernesto Zedillo Ponce de León, líder de la República de 1994 a 2000, es ligado al uso opaco del Fobaproa, un fondo que fue utilizado para el rescate financiero de la industria bancaria en México, pese a que algunas empresas no lo necesitaban. También se le ha acusado de permitir la matanza de acteal, en la cual 45 indígenas murieron tras la actuación de la policía en una comunidad de Chiapas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Zedillo podría ser enjuiciado por la masacre de Aguas Blancas, acontecida en 1995, y por la de El Charco, donde militares habrían asesinado a 11 personas provenientes de pueblos originarios.
El expresidente Vicente Fox es ligado con desapariciones, forzadas, tortura y ejecuciones por parte de elementos de alguna corporación policiaca, así como las agresiones de las que fueron víctimas los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Felipe Calderón podría ser llevado frente a un juez por su estrategia contra los grupos de la delincuencia organizada, así como por una supuesta complicidad con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que es investigado por tener nexos con narcotraficantes.
En 2019 el exmandatario fue denunciado por crímenes como tortura, ejecuciones y tortura ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, aunque no hubo una respuesta a este caso.
Enrique Peña Nieto sería enjuiciado por financiar las elecciones del 2012 con recursos de procedencia ilícita, haber participado en la Estafa Maestra. Las autoridades también investigarían si ha cometido actos de corrupción, lesa humanidad, masacres como las de Atenco y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.