El Sistema Penitenciario de Quintana Roo obtuvo en 2018, 2019 y 2020, calificaciones aprobatorias de 6.1, 6.22 y 7 en los Diagnósticos de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución encargada de la medición de la eficiencia y eficacia de los sistemas penitenciarios del país. Además, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en 2018, el Gobierno del Estado recuperó la gobernabilidad de los centros penitenciarios del Estado.
Uno de los objetivos principales de las acciones implementadas en Quintana Roo es trabajar en el nuevo esquema carcelario que prioriza la dignidad de las personas y vuelve más eficientes los procesos de reinserción social. También durante 2018 se trasladaron 93 personas privadas de la libertad de alto índice de criminalidad, baja adaptabilidad social y alto índice de estado peligroso a centros federales. 546 líderes negativos también fueron distribuidos entre los diferentes centros penitenciarios estatales, con lo que se consiguió desarticular violentos grupos de poder y de la delincuencia organizada.
Se recuperan espacios
Para garantizar la reinserción social se recuperaron y dignificaron los espacios, por lo que fueron derribados bosques de arbustos que impedían la visibilidad, platanales, tienditas, restaurantes, áreas de juegos de azar, cabañas de visita íntima clandestina, destilerías de productos fermentados y hasta pulquerías y expendios de drogas. En los espacios recuperados se fortaleció el trabajo penitenciario construyendo naves industriales para la capacitación para el trabajo, así como para la producción de cubrebocas, hamacas, muebles y artesanías diversas por parte de personas privadas de la libertad.
Conforme al programa integral de reinserción social, que antes era imposible de implementar, se logró aumentar la matrícula escolar, las actividades deportivas, culturales, recreativas, de capacitación y de trabajo e industria penitenciaria. Además de que la recuperación de espacios implicó orden y mayor eficacia por parte de las autoridades para evitar las actividades ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.
Nuevas estrategias
De acuerdo con los datos oficiales, para el año 2020 el total de la población penitenciaria y sus familias acataron los mandatos legales de uso del uniforme, por lo que la SSP a través de la Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad lo integró al nuevo Reglamento y obligó identificar a los procesados de amarillo y a los sentenciados de beige logrando el control, el orden y disciplina.